Militares y civiles chavistas hacia una fractura política

Se acentúa división en oficialismo venezolano

El duro enfrentamiento estalló el fin de semana, cuando los tres tenientes coroneles en retiro que acompañaron a Chávez en el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992, lanzaron acusaciones al mentor político del presidente, Luis Miquilena, al canciller José Vicente Rangel y al ex ministro del Interior, Ignacio Arcaya.

De los tres, Jesús Urdaneta, considerado un «duro» antisistema, ocupaba la dirección de la policía política (Disip). Francisco Arias Cárdenas, el estratega del alzamiento, es el actual gobernador del petrolero estado Zulia, y Joel Acosta Chirinos era coordinador del Movimiento V República (MVR), con el que Chávez llegó a la presidencia.

Sin embargo, a diferencia de los acusados, ninguno de los tres «comandantes del 4-F», como se les conoce, ocupó un rol de primera línea en el gobierno de Chávez, en el que figuran cuatro ministros militares, además de muchos directores de despachos.

El último en hacerse cargo del Ministerio del Interior, Luis Alfonso Dávila, un coronel en retiro del ejército, ocupó la presidencia del Congreso, que cerró su ciclo al entrar en vigencia la nueva Constitución aprobada el 15 de diciembre en referéndum.

Chávez siempre se ha referido a Arias Cárdenas, Urdaneta y Acosta Chirinos como sus «hermanos de la vida» y evitó un enfrentamiento abierto con ellos.

En contraparte, es visible el afecto del presidente de 45 años al veterano Miquilena, primer ministro del Interior de su administración, quien ocupó posteriormente la presidencia de la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Carta y ahora preside la comisión legislativa o «congresillo», en funciones hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional.

El canciller Rangel probablemente sea el ministro más popular del régimen y verdadera manija política de Chávez.

Rangel rompió definitivamente con Urdaneta cuando desestimó una citación de éste, mientras era jefe de la policía política, a una periodista que publicó testimonios de presuntas ejecuciones y violaciones de derechos humanos a manos de militares en el costero estado Vargas, epicentro de la tragedia pluvial de diciembre.

A pesar de la difícil coyuntura ante la escalada de enfrentamientos, incluso con acusaciones cruzadas de tráfico de influencias, Arias Cárdenas asevera que no se apartaron del proyecto político de Chávez y que aspira a sucederle en el poder dentro de 12 años.

Como telón de fondo quedan las megaelecciones programadas para el 28 de mayo, en las que se designará al nuevo presidente para un período de seis años.

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