Uribe contra el canje humanitario

12 DIPUTADOS del departamento del Valle del Cauca en manos de las FARC desde hace 5 años aparecieron en un video por TV acusando al presidente Uribe y clamando por que ponga en marcha el acuerdo humanitario para el intercambio de prisioneros, propuesto de tiempo atrás por la fuerza guerrillera. El presidente se ha negado a desmilitarizar dos zonas del país, requisito indispensable para ese fin. Al mismo tiempo surgen evidencias de que los vínculos del gobierno colombiano con el paramilitarismo, que alcanzan a sus representantes en el Congreso, en las fuerzas armadas (incluido su comandante actual) y a los servicios de inteligencia, se extienden hasta llegar al propio presidente.

 

Los vínculos con paramilitares llegan a Uribe

Se difundió una foto en que aparece Santiago Uribe, hermano del presidente, abrazado con integrantes de la mafia paramilitar, incluido uno de sus capos máximos, Fabio Ochoa Vázquez. Esto fue revelado por Gustavo Petro, senador del Polo Democrático Alternativo. (Ya veremos cuál fue la respuesta del gobierno). Este hecho relevante se suma a todos los ya comprobados de conmixtión del gobierno con los paramilitares, empezando por los del propio Uribe como gobernador de Antioquia. Entre ellos, los 8 senadores de partidos uribistas (Partido de la U, Alas-Equipo Colombia y otros) presos por sus vínculos con esta mafia; el padre y el hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo; el ex jefe de los servicios de inteligencia (DAS) Jorge Nogueira, que proporcionaba a los «paracos» los datos para eliminar a dirigentes sindicales y de la izquierda; el actual comandante en jefe del ejército, general Mario Montoya, que participó en conjunción con estas bandas en operativos que derivaron en masacres de la población. Este general fue jefe de la base militar de Tres Esquinas, montada por EEUU y pieza fundamental del Plan Colombia.

Precisamente ahora Uribe concentra todos sus esfuerzos por lograr la aprobación en el Congreso norteamericano de la extensión del Plan Colombia, que implica una millonada de dólares para la lucha contrainsurgente y que se desdobla en medidas represivas de orden interno. La actual mayoría demócrata tiene fundadas objeciones a votarla, por los escándalos de la «parapolítica», el tráfico de drogas, las violaciones de DDHH, el asesinato de dirigentes sindicales. Justamente acaban de encontrarse 52 fosas con 57 víctimas de los paramilitares. Lo vimos por CNN. Y a fines de marzo se reveló, por juicios en EEUU, que dos empresas norteamericanas, la bananera Chiquita Brands y la minera Drummond, efectuaban pagos millonarios a los paramilitares de las AUC y la segunda era acusada a la vez por el asesinato de tres dirigentes siindicales colombianos.

 

El reclamo de los diputados en manos de las FARC

Jaime Caycedo, secretario general del PC colombiano y dirigente del Polo Democrático, dice que «el tinglado político de clase que rodea a Alvaro Uribe está formado por el Partido Conservador ­representante del latifundismo-, por el grupo denominado Cambio Radical ­acaudillado por Enrique Vargas, desprendido de la derecha del liberal y vinculado al lobby parlamentario del militarismo- y por la familia Santos, propietaria del diario El Tiempo, vocero del sector financiero y único diario nacional». Y agrega: «Con el paramilitarismo, el sistema de poder dispuso de una fuerza político-militar activa, desmovilizada solo en apariencia, que pasó de actuar como auxiliar en la guerra contrainsurgente a convertirse en el aliado político incondicional del régimen».

Ahora bien: el reclamo a Uribe por parte de los ex diputados que fueron capturados en Cali y que están privados de libertad hace nada menos que 5 años, fue realizado en un tono de inusitada dureza. Constituyó una verdadera acta de acusación por no proceder al intercambio humanitario de prisioneros que le viene siendo propuesto desde hace años. Ello requiere garantías para ambas partes. Las FARC reclaman el despeje militar de dos zonas. Hasta ahora Uribe, en actitud empecinada, se ha negado, actitud que ha suscitado una generalizada repulsa de la sociedad. Hace pocos días veíamos también las manifestaciones de las esposas y madres de los militares y policías en manos de las FARC, exigiendo negociaciones con la guerrilla de una buena vez para lograr la libertad de sus familiares.

 

Espionaje y allanamiento al senador Petro

La denuncia del senador Petro señalada al comienzo tuvo una derivación insospechada: fueron allanadas sus oficinas en el Congreso. Mejor dicho: intentaron allanarlas, a lo que se opuso con firmeza y lo expuso públicamente. Como justificación el ministro del Interior dijo que fue «un arranque de originalidad de la fiscal»… Al mismo tiempo, el senador señaló que la inteligencia del Estado (la misma que está en conmixtión con las AUC) espiaba en Washington las actividades de las fuerzas de oposición al gobierno, que están contrarrestando el lobby uribista, llevado adelante particularmente por la embajadora Carolina Barco, sobre el Plan Colombia. En esa instancia el Departamento de Estado apoyó las posiciones del gobierno de Uribe. Era de esperar. *