Bush y el Congreso frente a frente

La votación fue de 51 a 47. Acompañaron la afirmativa dos senadores republicanos: Chuck Hagel de Nebraska y Gordon Smith de Oregon. Dos senadores demócratas faltaron a la cita.

 

Bush amenaza con el veto

De inmediato apareció Bush en el pórtico norte de la Casa Blanca, flanqueado por líderes republicanos. Les dijo a los congresistas en tono desusado que estaban perdiendo el tiempo porque él iba a vetar la resolución, que no permitiría que se le pusieran trabas a los comandantes en el terreno y que en todo caso la gente sabría quiénes eran los responsables. Era un intento de revertir el sentimiento ampliamente expandido en la población, que por gran mayoría reclama poner fin a la guerra.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le pidió en lenguaje sereno que se calmara, que él tiene sus prerrogativas pero a la vez debe respetar las del Congreso, y cuando el 15 de abril se acaben los fondos deberá buscar un acuerdo con ese mismo Congreso.

En el debate el senador Robert C. Byrd, de West Virginia, dijo que por respeto a la población «hay que devolver Irak a los iraquíes y traer de vuelta las tropas a casa».

En cambio, para el senador Kay B. Hutchison, republicano de Texas, la medida adoptada implicaba «un error colosal» porque dirigía un mensaje confuso al mundo y a los aliados de EEUU y un mensaje claro a sus enemigos.

El resumen lo hizo el senador John P. Murtha, demócrata por Pennsylvania, señalando que el sentimiento expresado por el pueblo era razón suficiente para que el presidente negociara con el Congreso para salir del impasse.

 

Más leña a la hoguera

Tanto más desde que la situación en la región se ha agravado al extremo. En Irak, donde se registra un centenar de muertes cada día, la situación está fuera del control de las tropas de ocupación yankis, cuyo número de bajas ascendía el viernes a 3.245. La provocación de Gran Bretaña contra Irán, a la que se suman las maniobras militares norteamericanas en el Golfo Pérsico frente a las costas de ese país (las mayores en la región desde la invasión del 20 de marzo de 2003) arrojan más leña a la hoguera, en una situación explosiva.

Blair bajó un tanto el tono arrogante de la primera hora, pero persiste el gravísimo peligro de una confrontación. Desde Irán le dijeron a Blair que ya había pasado el siglo XIX y que no se creyera un emperador. El consulado de Irán en Bassora, al sur de Irak, fue atacado por tropas británicas. Gran Bretaña llevó el tema al Consejo de Seguridad de la ONU (el mismo que votó dos tandas de sanciones contra Irán), pero se encontró con la firme oposición de Rusia y debió contentarse con una resolución anodina que se reduce a lamentar la situación generada.

Hasta el rey Abdulah de Arabia Saudita, que siempre ofició como aliado de EEUU, hizo referencia en la recién finalizada cumbre de la Liga Arabe en Riad a «la ocupación ilegal extranjera de Irak», lo que muestra la extensión del campo mundial a favor del retiro de las tropas extranjeras de la región.

 

Una misión imposible

A esto se agregan las dificultades del gobierno de Bush en el plano interno, que han estallado a raíz de las actuaciones del secretario de Justicia, Alberto Gonzales («general attorney en inglés», o fiscal general) en relación con la remoción inconsulta y basada en mentiras de ocho fiscales federales, lo que involucra directamente a Karl Rove, asesor político de Bush, eminencia gris de la Casa Blanca, y su asesora jurídica Harriet Miers.

Gonzales quedó incinerado por las declaraciones (entre otras) de su ex jefe de gabinete D. Kyle Sampson, reveladoras de que le mintió descaradamente al Senado en las audiencias del 13 de marzo, en que alegó no tener conocimiento ni haber participado en la remoción, de un solo tajo, de los ocho fiscales federales.

La particularidad del caso es que éstos (como Carol C. Lam de California y David C. Iglesias de New Mexico) estaban investigando precisamente actos de corrupción del gobierno. En ese momento les bajaron la guillotina, mediante un mecanismo perverso orquestado conjuntamente por Gonzales, Miers y Rove (a este último lo vimos por TV en escenas grotescas en una festichola con Bush y compañía). Esa reunión clave se efectuó el pasado 27 de noviembre y en ella estuvo presente Gonzales, al revés de lo que declaró. Dijo que no había visto ningún memorando y participó en la redacción del mismo.

La TV mostró las audiencias en la comisión respectiva del Senado, las preguntas incisivas a cargo de los senadores Arlen Specter, de Pennsylvania, y Charles E. Schumer, de New York, y las respuestas de Sampson, que resultan demoledoras para Gonzales.

El resumen del último senador citado fue lapidario: «En las últimas semanas supimos que el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, estuvo directamente involucrado en las cesantías de los fiscales, después de que se nos dijo que no lo estaba; supimos que la Casa Blanca estaba directamente involucrada en el caso, después de que nos dijo que no lo estaba; supimos que Karl Rove estaba involucrado, después de que nos dijo lo contrario; y supimos que las decisiones obedecieron a consideraciones políticas, cuando se nos dijo que no lo eran» .

El fiscal general es amigo íntimo de Bush desde sus épocas de gobernador de Texas, pero parece dudoso que pueda seguirlo manteniendo a rajatabla. *