Militares en el poder

Islamabad, ANSA

Después de un año en el poder, el general Parvez Musharraf tiene pocos buenos resultados para mostrar a los ciudadanos de Pakistán, donde la economía está al borde del colapso, el respeto de los derechos humanos en el punto más bajo de los últimos decenios y el país sumido en un casi total aislamiento internacional.

Cuando tomó el poder con un incruento golpe de Estado el 12 de octubre de 1999, Musharraf, un militar de carrera con ideas liberales, fue saludado por buena parte del país como un enemigo de la corrupción y de la ineficiencia de los políticos.

Las expectativas creadas no fueron satisfechas. La inflación, oficialmente del 15 por ciento, ha deteriorado los ya magros réditos de gran parte de los 140 millones de habitantes del país.

El Fondo Monetario Internacional se resistió a conceder nuevos préstamos para pagar la consistente deuda externa.

«El círculo vicioso se ha cerrado», dice Asma Jehangir, abogada fundadora de la Comisión para los Derechos Humanos.

«Cuando no están en el poder, los generales entre bambalinas sustituyen a un político corrupto por otro. Ahora que están en el poder no logran hacer aceptar su autoridad», agrega.

«Expulsar a los políticos corruptos es una cosa. Ponerse en su lugar y hacer lo mejor posible es otra cosa», sostiene Rehana Hakim, directora del mensuario Newsline.

La cuestión de los derechos humanos quizás es la más delicada. El año pasado los partidos políticos no pudieron realizar su normal actividad pero el gobierno cerró un ojo sobre las iniciativas de los partidos religiosos.

Centenares de mujeres fueron violadas, quemadas vivas, muertas en todo el país, mientras la minoría cristiana y la de los Ahmadi, sigue denunciando persecuciones.

En un informe sobre Pakistán, el grupo humanitario Human Rights Watch recuerda que la magistratura fue privada de gran parte de sus poderes con la promulgación del Orden Constitucional Provisorio que suspendió al Parlamento y la Constitución y que ahora es la base del poder militar.

Desde marzo de 2000 están prohibidas las manifestaciones y las huelgas y militares o ex militares están a la cabeza de casi todas las organizaciones públicas.

La solución, según algunos comentaristas, es el retorno de los militares a los cuarteles y la instauración de un gobierno electo.

Pero es improbable que esto ocurra antes de octubre de 2002, la fecha establecida por la Corte Suprema y que Musharraf prometió respetar.