Escándalo daña imagen del gobierno de Chile

Por Víctor Vaccaro

El escándalo provocado a raíz del cobro de abultadas indemnizaciones por cerca de un centenar de ejecutivos de empresas públicas que dejaron sus cargos en la transición entre los gobiernos concertacionistas de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, podría provocar en los comicios municipales del próximo 29 de octubre una pérdida de la mayoría absoluta de los votos mantenida por la alianza de centroizquierda desde el plebiscito de 1988, pudiendo incluso descender del 48,5 % logrado al cabo de la primera vuelta en la elección presidencial de diciembre pasado. Una situación como esta era inimaginable hace apenas un mes. Por el contrario los analistas anticipaban un incremento del 51,7 % alcanzado por el presidente Lagos en el balotaje debido a su favorable valoración en las últimas encuestas y el desinflamiento de la alianza opositora provocado por las evidentes contradicciones entre la conducta de los partidos de derecha y el discurso populista de su líder Joaquín Lavín.

Las indemnizaciones son una práctica en vigencia desde los gobiernos anteriores al golpe de 1973, que la dictadura acentuó e hizo más opaca al eliminar la fiscalización de la Contraloría General de la República. Los abusos actuales fueron denunciados inicialmente desde dentro de la Concertación y provocaron irritación en una ciudadanía afectada por un alto desempleo (10,2%) y una reactivación más lenta de lo anunciado. Ambos factores fueron amplificados hábilmente por la oposición, que alentada por la falta de una rápida reacción oficial, focalizó sus ataques en la Democracia Cristiana y en especial en Marta Larraechea, esposa del ex presidente Frei que crecía como una amenaza a Lavín en la disputa de la alcaldía de Santiago.

El ex gobernante remarcó ayer que la campaña desatada por la derecha contra su partido y él mismo «es obvia. Aquí se trata de destruir a las personas, destruir la candidatura de mi esposa, destruir a la Democracia Cristiana. La campaña es clarísima». Advirtió que «cuando corresponda voy a hablar» y recomendó a la oposición «que mire al pasado» cuando se le preguntó si la derecha está en condiciones de hacer este tipo de acusaciones. De hecho el senador vitalicio Eduardo Frei podría ser invitado a declarar ante la Comisión de la Cámara de Diputados que está investigando las indemnizaciones, tema que también es materia de estudio por el Consejo de Defensa del Estado.

La derecha cree que del incidente, no obstante la mundialmente reconocida probidad del servicio público chileno y las drásticas medidas adoptadas por el Presidente Lagos haciendo renunciar o devolver lo indebidamente recibido a los «beneficiados», puede sacar aún más beneficios: un clima más favorable a la privatización de las empresas y servicios del Estado, una eventual pérdida de confianza entre los socios de la alianza oficialista, y en fin la disminución de la credibilidad de ésta.

Desde La Moneda se pone «al mal tiempo buena cara» y se aspira a convertir el revés en victoria, sacando correctivos de la misma crisis y valorando –como dijo un comentarista– «el vivir en una sociedad que tiene sentido de la decencia y capacidad de reacción frente a actos dudosos». La voluntad declarada es hacer desaparecer el conflicto surgido entre la antigua doctrina del servicio público y la omnipresente ideología del libre mercado.

Poco más de ocho millones de chilenos, junto con elegir el 29 de octubre 2.213 concejales en los 341 municipios de todo el país, de los cuales surgirán en una segunda fase igual número de alcaldes, tendrán la posibilidad de hacer primar una u otra alternativa y en parte determinar los acontecimientos futuros.