Guatemala: matan a policías acusados de asesinato

Cuatro días después de su detención e ingreso en prisión, acusados del asesinato de los diputados salvadoreños, los policías Luis Arturo Herrera López, de 39 años, José Adolfo Gutiérrez (36), Marvin Lange Escobar (31) y José Estuardo López Arriaga (28), corrieron la misma suerte en el penal de máxima seguridad El Boquerón, a unos 65 km al este de la capital guatemalteca.

Según el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, un grupo de reclusos tomó como rehenes a los encargados de llaves y al alcalde de la prisión, antes de ingresar en las celdas de los policías y ejecutarlos.

Versión que no coincide con la de familiares de reclusos que señalan que antes de la ejecución, un vehículo con un comando especial con los rostros cubiertos entró en la cárcel y cortó el agua potable y la energía eléctrica.

Lo sorprendente es que los policías fueron asesinados en una de las prisiones de máxima seguridad del país, cuya población carcelaria procede de las violentas pandillas juveniles.

El presidente guatemalteco, Oscar Berger, no dudó en imputar al narcotráfico la muerte de los agentes de la División de Investigación Criminal (Dinc), un cuerpo de élite de la policía.

Para Berger, que ha admitido que las fuerzas de seguridad pública están corroídas por la corrupción, es «obvio» que este múltiple asesinato está «vinculado al crimen organizado y a las mafias».

El crimen ha vuelto a disparar las señales de alarma en una sociedad acostumbrada a la ineficacia judicial y a la impunidad y corrupción policial.

«Es una confirmación de qué tan alto y qué tan grave es la penetración del crimen organizado dentro de las estructuras de seguridad y justicia», declaró a la AFP la activista humanitaria Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack.

El analista Mérida, un coronel retirado, opina que la implicación de los policías en el asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer deja «sobre el tapete» la capacidad del crimen organizado de reclutar a miembros dentro de las fuerzas de seguridad.

Ello evidencia «la limitada capacidad de control sobre quienes tienen a su cargo el combate contra el crimen organizado», señala el militar retirado, quien reconoce que el sistema penitenciario «es la institución más débil en la cadena de justicia y seguridad», al que se ha prestado «poca atención».

La abogada defensora de los acusados, Amanda Salazar, indicó que le había advertido a un juez competente en la investigación sobre el peligro que sus defendidos corrían en la prisión.

«Yo me fui convencida que los iban a matar, después de visitarlos. Pero no creía que sucediera tan rápido», puntualizó.

El asesinato de los policías amenaza con interrumpir los avances de la investigación del asesinato de los parlamentarios William Pichinte, José Ramón González y Eduardo d’Aubuisson, y el chofer Napoleón Ramírez el 19 de febrero, pues la mayoría de casos en Guatemala se resuelve en base a testimonios.

En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ex guerrilla, pidió una investigación internacional para esclarecer el asunto, ante la nula confianza que merecen la policía y la justicia guatemaltecas. Cerca de 80% de 26.000 casos judiciales que han sido presentados ante los tribunales guatemaltecos en los últimos 18 meses siguen impunes, mientras 4,5% han sido condenatorios y un 16% fueron absolutorios, según un informe judicial. *

 

Captura

Un juez penal guatemalteco ordenó ayer la captura de 24 trabajadores del sistema penitenciario, incluido el director del penal de máxima seguridad donde fueron ejecutados los cuatro policías acusados de matar a tres diputados salvadoreños al Parlacen y su chofer.