La condena del Consejo de Seguridad a Israel

Por Niko Schvartz

uatro víctimas isralíes desde esas vísperas de Rosh Hashaná hasta el domingo pasado completan el trágico balance, que supera los registrados en todos los anteriores enfrentamientos en la región y corre el riesgo de multiplicarse si Barak, a despecho del reclamo internacional, cumple las amenazas contenidas en su ultimátum.

EEUU, cómplice

El Consejo de Seguridad de la ONU cuenta con 15 miembros: cinco permanentes (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China) y 10 que se van rotando. De estos 15, 14 votaron la condena a Israel por «el empleo excesivo de la fuerza». El único que no acompañó esta decisión fue Estados Unidos, que se abstuvo.

Una vez más, quedó solo. Lo mismo que al votarse en la Asamblea General, año tras año, la condena a EEUU por el bloqueo a Cuba. Mejor dicho, en esos casos tiene como único acompañante el voto de Israel. Ahora le retribuyen el favor.

El representante norteamericano en el Consejo, Richard Albrooke (y tras él la secretaria de Estado Madeleine Albright), explicaron penosamente su decisión, que los coloca a contrapelo de la comunidad internacional. Dijeron que EEUU pudo haber ejercido su poder de veto (ese anacrónico y antidemocrático privilegio de los miembros permanentes), pero prefirieron esgrimirlo para lograr que se atenuara el texto de la resolución. Aún así, ésta es contundente en la condena a Israel, que fue acompañada por países de todos los continentes, incluso la Unión Europea a través de Francia.

El tema se coló de rondón en la campaña electoral por la banca de Nueva York en el Senado. En su debate televisivo del sábado Hillary Clinton y Rick Lazio convergieron en un único punto, sosteniendo ambos que EEUU debió vetar la resolución. Se dirá que no es la primera vez que la primera dama desaprueba la conducta de su marido. Si para Enrique IV París valía una misa, el voto de la poderosa colectividad judía en Nueva York pesa mucho a la hora de las definiciones.

«Empleo excesivo de la fuerza»

Barak amenazó con desplegar toda la fuerza militar israelí contra los palestinos. O sea, sumar más armas de destrucción y muerte a las que ya está utilizando: helicópteros Apache equipados con misiles que han sido lanzados sobre edificios y población civil, tanques y municiones vivas agregadas a las revestidas de goma (que también matan). La provocativa visita del general Sharon a lugares sagrados musulmanes contó con autorización expresa de Barak y de su ministro del Interior, y estuvo acompañado de un ostentoso despliegue de policías israelíes armados.

Por otra parte, debe sumarse a éstas otra serie de medidas adoptadas por Israel contra los palestinos. Ente ellas: confiscaciones de tierras de agricultores palestinos y talado de hileras de olivares para construir anchas carreteras que unen entre sí a las colonias judías; edificación de nuevos barrios judíos en Jerusalén oriental y destrucción de casas palestinas en dicha ciudad; limitaciones al comercio y a la industria palestinos, en cuyas regiones la desocupación supera el 50% de la fuerza de trabajo masculina; chequeos humillantes a trabajadores palestinos al ir y volver de sus localidades al trabajo, cortes de agua prolongados a poblados palestinos durante el verano, mientras las colonias judías vecinas hacen funcionar piletas de natación. En síntesis, la calidad de vida de los palestinos se ha deteriorado durante los años del proceso de paz, aun en relación al período de ocupación militar directa de todo el territorio por parte de Israel.

El ultimátum de Barak

Otra de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad –que ha recibido difusión aún más limitada que la anterior– consiste en promover una investigación internacional de los actos de violencia registrados en la zona. Es precisamente lo que reclama la autoridad palestina.

A tal punto es así que la reciente reunión llevada a cabo en la residencia del embajador norteamericano en París entre M. Albright, Barak y Arafat llegó el borde de la ruptura cuando los dos primeros se confabularon para impedir la investigación internacional propuesta por Arafat. Pero el Consejo de Seguridad les enmendó la plana.

A la vez, la Unión Europea y Egipto se pronunciaron en favor de crear una Comisión Investigadora sobre la violencia en el Oriente Medio.

Indiferente a estos pronunciamientos, Barak lanzó un ultimátum que revela su decisión de proseguir la escalada. Motivada también por su deseo de mantenerse en el gobierno (de cualquier modo durará poco, su suerte está sellada). La decisión no por ello deja de estar preñada de gravísimos peligros.

Se hace hincapié en la revolución de los tres soldados israelíes prisioneros. Ello tiene solución si simultáneamente, como se ha planteado, se libera a los numerosos palestinos presos en cárceles israelíes, tema muy sensible, planteado desde el inicio de las conversaciones de paz y al cual Israel ha dado la espalda.

La presión internacional

En estas condiciones, se viene ejerciendo sobre el gobierno de Barak una intensa presión internacional. Converge sobre la región un conjunto de gestiones diplomáticas y políticas. Se destaca la presencia in situ del secretario general de la ONU, Kofi Annan. Las naciones árabes, con frecuencia divididas en temas internacionales, presentan un frente común de respaldo a los palestinos, se suceden manifestaciones masivas en esos países y una cumbre árabe se reunirá próximamente con ese objetivo. Rusia intensifica su presencia en la zona, así como Francia y España, y Libia.

El presidente sirio Bashar al-Assad le expresó a Clinton, pronto a reunirse con Mubarak en El Cairo, que «una solución al problema deberá ser global y no parcial, e Israel tiene la responsabilidad de la escalada de la tensión».

Sólo resta desear que estos esfuerzos impidan un baño de sangre en la región.