El costo de vida trepó un 1,1% en el mes de enero

Hubo demoras en difundirse este Indice de Precios al Consumidor (IPC) porque se levantó un acta ante notario para frenar cualquier acción judicial contra el Indec (Instituto de Estadísticas y Censos) dependiente del Ministerio de Economía. ¿Por qué tanto batuque? ¿Por qué la sospecha de manoseo de los datos? Algo más: ¿es eso posible cuando intervienen miles de personas en la confección del IPC? Algo es real: los números en los mercados y el hecho de que se está en tiempos electorales.

Todo comenzó la semana pasada con el relevo, por parte de la ministra de Economía Felisa Micelli, de la directora del IPC, Graciela Bevacqua por Beatriz Paglieri, una de sus asesoras y experta en Comercio Exterior. El cambio había sido reclamado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que tiene la misión, encomendada por Néstor Kirchner en persona, de cuidar que los precios de mercancías al menudeo no hagan doler el bolsillo popular.

Es que del IPC varía la intensidad de las negociaciones de los convenios colectivos de trabajos que, entre otras cosas, debe fijar los salarios. Además define la cotización de los bonos que están atados a la evolución de los precios al por menor. Una pequeña variación significa el pago de sumas millonarias por intereses. Por el mismo índice se mide el número de indigentes y pobres.

Por «h» o por «b» todos los gobiernos buscaron que el alto mando del Indec les fuera confiable.

El arco opositor reaccionó con bastante virulencia, pero los que se pusieron más bravos fueron los empleados del organismo que dicen temer por la confiabilidad futura del Indec. Estos últimos sostienen que hubo una virtual intervención al organismo. Distintos analistas privados consideraban estos días que la inflación del mes pasado estaría por encima del 1,5%, mientras en el gobierno hacían rodar la idea de que sería del 1,2%.

Hubo, hay y habrá ruido. Por lo pronto la Sociedad Argentina de Estadística (SAE) elevó una queja formal contra cualquier intento de intromisión política que pueda causar daño al sistema estadístico nacional. Lo ocurrido repercutió hasta en Wall Street.

De acuerdo con lo denunciado por los trabajadores del Indec, el desplazamiento de Bevacqua obedeció a su negativa de ceder a supuestas presiones de funcionarios del área económica, para que revelase la identidad de los comercios en los que los encuestadores consultan los precios de determinados bienes con incidencia en la composición del IPC.

El número de comercios es de 8 mil y están permanentemente testados para conocer la evolución de miles de precios. No parece que manipularlos sea faena sencilla, sostienen otras voces. Entre ellas la del economista Jorge Todesca, quien asegura que los cambios decididos «no afectarán la credibilidad» del Indec. El economista aseguró que la metodología utilizada por el Indec es transparente. «Todos los técnicos sabemos de qué se trata y que es posible hacer un seguimiento de cómo se llega a los índices de precios», puntualizó. Pero la sospecha quedó instalada e impulsó reacciones fuertes en el oficialismo. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, calificó de «mafiosos» a los empleados que dispararon la suspicacia. Eso de poner bajo sospecha las estadísticas podría incluir a las que miden el PBI o el porcentaje de desocupados que, según Kirchner, ya estaría dentro de un dígito. *