Dilatoria de los represores para evitar juicios orales
La cuestión volvió a instalarse a caballo del proceso incoado en Mendoza contra Isabel Martínez de Perón por aplicación de decretos dictados en 1975 convocando a «aniquilar la subversión» ,que históricamente ha sido tomada por los militares que defienden la represión con «una orden legítima».
Conviene precisar que en Mendoza Isabel no está en la picota por la Triple A, la parapolicial de esos años, asunto que está a cargo del juez federal porteño Oyarbide, quien también ha reclamado la extradición de la ex presidenta.
Desde la semana pasada se observa un cambio de estrategia de los implicados en la causa de la Escuela Mecánica de la Armada (Esma). Primero fue el ex capitán naval, Alfredo Astiz quien súbitamente aceptó prestar declaración ante el juez de la causa, Sergio Torres. Entonces reintrodujo el antecedente de los decretos de Isabel Perón, amén de acusar a la inteligencia francesa de haber perpetrado el secuestro y asesinato de dos monjas galas.
Todo hay que volver a aclararlo. Francia, desde fines del 50, introdujo en este país la «experiencia» de antiinsurgencia aplicada contra el movimiento de liberación de Argelia. Esos cursos enseñaban técnicas de torturas y para la desaparición de personas. Astiz pide que se llame a declarar por el caso de las monjas a autoridades francesas, incluso de inteligencia de esos tiempos. Más aun, demandó que se estudiara el régimen de mareas para ver si era posible que detenidos arrojados desde aviones al río de la Plata podrían más tarde aparecer en las costas de la provincia de Buenos Aires, como ocurrió.
El jueves declaró inopinadamente el ex número 3 de la Armada, Luis María Mendía, que como lo hicieron sus superiores de las tres armas en los históricos juicios contra las Juntas Militares, se declararon responsables de las órdenes impartidas. Mendía asumió la autoría intelectual del plan represivo de la Armada que incluyó los «vuelos de la muerte», aunque su letrado negó que el ex marino se haya referido específicamente a esos instrumentos para asesinar. El juez ordenó ayer que deberá volver a los tribunales para ampliar su declaración indagatoria, sobre puntos precisos de la ejecución del «Plan de Capacitación contra la insurgencia terrorista de la Armada argentina» (Placintara).
El Placintara fue concebido en 1975 con «operaciones especiales» por parte de los marinos, tales como los ‘vuelos de la muerte’, llevó la firma de Mendía y se impartió a oficiales y suboficiales. Mendía exhibió el juego actual de los represores en el banquillo de acusados al sostener los «Grupos de Tareas» cumplieron órdenes suyas y de la ex presidenta
Los represores, que ahora deben afrontar los tribunales están asustados, porque a pesar de escollos burocráticos, chicanas y jueces que se sientan sobre los expedientes se vienen los juicios orales. Por esos los acusados apelan a técnicas dilatorias y a las amenazas contra testigos de las que el caso del albañil Jorge López, desaparecido desde hace cuatro meses después de atestiguar contra el represor Miguel Etchecolatz, es ilustrativo.
Como en los juicios a los ex comandantes, la defensa de Astiz y Mendía insiste en que la dictadura no hizo nada nuevo sino que fue continuidad del famoso decreto del gobierno de Isabel para el «aniquilamiento de la subversión». Hasta se sospecha que el juez de Mendoza sacó a luz la causa contra Isabel para ser funcional a la técnica dilatoria de los represores. Es un asunto que traerá cola por un largo tiempo.
Los dos ex marinos, además, acusaron de los secuestros de las monjas al ciudadano franco-argentino Bertrand Yves María De Parseval, quien ayer se presentó espontáneamente en la embajada argentina en Tailandia y negó la especie.
No es un nene de pecho ya que admitió que durante su juventud actuó en la banda paramilitar francesa OAS, con la que Francia intentó sofocar la guerra de liberación nacional de los argelinos. Después vino a radicarse a la Argentina. Astiz le dijo al juez que De Parseval es cojo de una pierna y recordaron que la madre de un desaparecido, María del Rosario Cerruti, presente en el lugar cuando el secuestro de las monjas, declaró haber visto que uno de los secuestradores padecía de aquel problema físico. Fuentes judiciales con acceso al expediente indicaron que el hombre rengo observado por los testigos del secuestro ocurrido en la Iglesia de Santa Cruz en verdad se trataría del ex oficial de Ejército Juan Carlos Coronel, alias «Maco», quien actuó como adscrito en el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma. *
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