La hora de los indígenas

Montevideo, Mesa Regional, AFP

Quispe es el presidente del sindicato campesino de Bolivia, eje del conflicto que en las últimas tres semanas dejó diez labriegos muertos cuando, en protesta por la política antidrogas del gobierno y en petición de un mejor reparto de la tierra y el agua, las fuerzas del orden intentaron despejar las barricadas con que los campesinos cortaron las principales carreteras del país.

Su popularidad y carisma le han convertido en el caudillo indiscutido de los campesinos de la nación más pobre de Sudamérica. Quienes como los de su etnia, los aymaras, un tercio vive en la indigencia y casi la mitad es analfabeto funcional, según denunció Quispe –graduado en Historia– el pasado martes.

De ello culpa a un gobierno que toma casi por ‘extranjero’, o cuanto menos por ‘colonial’. El se considera líder de otro país, de la nación originaria aymara que habitaba esta tierra antes del desembarco de los españoles, episodio funesto que inauguró el sojuzgamiento de los indios durante cinco siglos, primero por los conquistadores y luego –hasta hoy día– por la oligarquía criolla.

Para combatir esa opresión, Quispe (de 58 años) recurrió en el pasado a la lucha armada. En 1978 fundó el Movimiento Indio Túpac Katari Auténtico y, en 1990, el Ejército Guerrillero Túpac Katari. Por ambos estuvo en la cárcel.

Después abandonó la vía violenta y centró su actividad en el sindicato, a cuya jefatura llegó en 1997 y en el que ahora ejerce un poder omnímodo.

Desde ahí se ha convertido en un rival de primer orden para el gobierno, al que en abril pasado ya le soliviantó el país con otro corte de carreteras motivado por las mismas razones que ahora.

Aquel conflicto dejó seis muertos y obligó al Ejecutivo a imponer el estado de sitio durante doce días.

Si Quispe es el dolor de cabeza continuo de su presidente, Antonio Vargas logró derrocar al suyo.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y varios militares encabezaron la rebelión que derrocó a Jamil Mahuad el pasado enero.

Desde entonces, la Conaie ha adquirido un protagonismo notorio y se ha convertido en interlocutor habitual del Ejecutivo. Sus planteamientos políticos, económicos y sociales son casi antagónicos a los de éste.

Vargas se opone a la dolarización implantada por el presidente Gustavo Noboa. También a las privatizaciones.

Y denuncia que la corrupción «prevalece en todas las instancias de poder», como dijo el pasado julio en una entrevista con la AFP.

De 40 años, este indígena maestro e ingeniero mecánico advertía entonces: «Los indios ya no somos como antes, que firmábamos acuerdos y nos quedábamos callados». Por eso propugna la movilización (paros, manifestaciones) como medio de influir en las decisiones políticas.

Siempre, eso sí, de manera pacífica. «El proceso de lucha indígena no es un proceso de guerra, sino de concienciación», explicó el pasado 7 de setiembre. Trece días después, la Conaie reanudó el diálogo con el Ejecutivo, roto desde la rebelión de enero, cuando Vargas cogobernó el país durante casi tres horas como miembro de un triunvirato de salvación nacional.

Antes de la irrupción de estos sudamericanos en el primer plano político a fines de la década, la centroamericana Rigoberta Menchú se consagró como una gran líder indígena con el Premio Nobel de la Paz de 1992, que le valió un reconocimiento internacional. Su labor persigue dos objetivos.

El primero, un castigo para los militares guatemaltecos que durante la guerra civil de 1960 a 1996 perpetraron lo que ella denomina el «holocausto indígena», los asesinatos y otros crímenes contra la población india, que en su mayoría siguen impunes. «No fue nada casual, se trató de una política organizada desde los gobiernos con el propósito de efectuar una limpieza étnica», aseguró en una ocasión.