Acuerdo entre gobierno y productores de coca

La Paz, AFP, Reuters

Junto al conflicto campesino, el gobierno alcanzó un acuerdo con el sindicato de los maestros de la educación pública urbana y rural, que ordenó la reanudación de clases escolares desde el próximo lunes.

En la perspectiva del apaciguamiento, representantes del gobierno y del sindicato de campesinos cocaleros, encabezado por Evo Morales, que aún mantiene el control de una carretera principal boliviana, comenzarán a explorar desde este viernes la posibilidad de un entendimiento acerca de la problemática de la coca.

La reunión, concertada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y el grupo humanitario Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tendrá lugar cinco días después de que el sindicato cocalero, que controla una ruta troncal del Chapare, rechazara una propuesta oficial.

La implantación de unas 7.000 hectáreas nuevas de coca en la región central del Chapare (la mayor zona productora de la hoja para la fabricación de droga, en el centro del país), donde el Ejecutivo desarrolló la mayor batalla antinarcóticos de los últimos tiempos, es el punto de la discordia entre los partidarios de Morales y el Gobierno del presidente Hugo Banzer.

Morales insiste en que el Ejecutivo acepte que cada una de las 60.000 familias que habitan la zona, otrora emporio del narcotráfico, donde sólo restan por erradicar poco más de 1.000 hectáreas ilegales de coca, posea un ‘cato’ (plantación de 40m2) de la hoja para uso doméstico.

Las 7.000 hectáreas que pretenden los cocaleros servirían para fabricar 42 toneladas de clorhidrato de cocaína, según uno de los negociadores oficiales, el ministro de Gobierno (Interior), Guillermo Fortún.

El gobierno ya cedió en la suspensión de la orden de construir tres cuarteles militares con financiamiento norteamericano en la zona cocalera, pero se mostró inflexible en su política de eliminar los cultivos excedentarios de la hoja.

La firma de un documento de acuerdo entre el Ejecutivo y la poderosa Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) podría producirse esta misma tarde, luego de que su líder, el indígena Felipe Quispe, consulte con sus militantes.

Sin embargo, la dirección sindical cree que difícilmente se cambiará la decisión.

Tras una traumática negociación que duró cinco días, el Ejecutivo accedió a sustituir una controvertida ley de tierras en los próximos 60 días y a archivar definitivamente una ley de aguas que pretendía el cobro por el uso de vertientes y manatiales. El ministro de la Presidencia, Wálter Guiteras, que encabezó la delegación oficial, expresó su satisfacción por el acuerdo.

En tanto, cálculos extraoficiales elevaban a 140 millones de dólares el monto de las pérdidas ocasionadas por 18 días de bloqueos.

En tres semanas de enfrentamientos en las rutas del país, la violencia cobró 10 muertos y más de un centenar de heridos.

Respaldo

El congreso boliviano respaldó el jueves por la noche al presidente Hugo Banzer ante la ola de protestas que desde hace 18 días paraliza a Bolivia.

Los 157 parlamentarios fueron convocados el miércoles de emergencia a una sesión extraordinaria para analizar por dos días la actual situación y elaborar un documento que respalde la democracia boliviana.

También los representantes de 12 partidos políticos con representación parlamentaria pidieron al gobierno que no recurra al estado de sitio e instaron a los grupos en conflicto a buscar alternativas que apunten a la pacificación del país.

«El texto del documento fue concertado por todas las bancadas excepto el MNR, que a último momento propuso otro, que no tuvo respaldo», explicó el presidente del Congreso Nacional, Jorge Quiroga.

El documento político recuerda que el sistema democrático es la garantía para la vigencia de los derechos humanos, el mantenimiento del estado de derecho y la convivencia ciudadana entre los bolivianos.

«Estas son razones que determinan su apoyo a la democracia vigente en el país y a los poderes del Estado legalmente constituido, respaldando a las instituciones del orden señaladas en la Carta Magna», dijeron los legisladores.

El congreso también demandó a la comunidad internacional y en especial a Estados Unidos, en el marco de la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, el reconocimiento económico que tiene derecho el pueblo boliviano por el sacrificio que significa la erradicación de cocales en el Chapare.

Los senadores y diputados bolivianos respaldaron el diálogo del gobierno con diversos sectores sociales por mediación de la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y grupos de Derechos Humanos.

En una ronda de negociación hubo significativos acuerdos con campesinos y docentes. Los 130 educadores aceptaron el jueves el pago de un bono de 300 bolivianos (unos 48 dólares).

El dirigente de los campesinos, Felipe «El Mallku» Quispe, dijo que su sector logró que se atienda el 95 por ciento de su pliego petitorio. Anunció que en los próximos tres días se iniciará al desbloqueo de carreteras para que todo vuelva a ser normal en Bolivia.