Chile: expulsaron a ex diputado por realizar denuncias sin sustento
El Tribunal Supremo del PPD, que integra la oficialista Concertación Democrática, decidió el martes a la medianoche la expulsión de Schaulsohn, ex presidente de la Cámara de Diputados, al considerar que sus denuncias de corrupción del oficialismo no estaban sustentadas y dañaron la honra de los dirigentes del partido y la imagen del gobierno de Bachelet.
Las declaraciones de Schaulsohn «constituyen una grave infracción del principio de responsabilidad política al hacer denuncias sin indicación precisa de las personas a las cuales se les imputan cargos, y por carecer dichas denuncias de todo fundamento», según la resolución.
El pasado 10 de diciembre Schaulsohn afirmó que dentro de la coalición de cuatro partidos de la Concertación existe una «ideología de la corrupción» que permitió utilizar fondos reservados del Gobierno para financiar actividades políticas y campañas electorales.
Otros dos dirigentes de la coalición, Gonzalo Martner y Edgardo Boeninger, también han acusado a la coalición de utilizar estos gastos reservados pero sin precisar las fechas en que se incurrió en esta práctica. La Concertación está en el poder desde 1990, cuando terminó la dictadura de Augusto Pinochet.
«No lo denuncié porque no me parecía que estaba malo, me parecía que era normal. En la perspectiva del tiempo y después de las cosas que han pasado, he llegado a la conclusión de que en algún momento uno empieza a apartarse del camino correcto», afirmó Schaulsohn en una entrevista telefónica desde Estados Unidos con Radio Cooperativa.
«Digo que estuvo mal lo que hicimos y eso llevó a otras cosas», insistió el ex parlamentario.
Esas «otras cosas» parecen apuntar al escándalo que estalló hace dos meses en la estatal ChileDeportes, donde las autoridades detectaron la pérdida de 700.000 dólares. Igualmente una comisión del Congreso estableció que fondos estatales destinados a crear empleos fueron desviados a campañas electorales de candidatos oficialistas en las pasadas elecciones de diciembre de 2005.
A comienzos de diciembre Boeninger sostuvo que los líderes oficialistas pensaron que, «así como el dinero privado favorecía fundamentalmente a los partidos de derecha, no sería ilegítimo recibir financiamiento público a través de los recursos estatales para los programas sociales».
La expulsión de Schaulsohn generó diversas reacciones.
«Es inaceptable para la ciudadanía que en un partido que surge para defender la libertad no se acepte la disidencia», dijo el senador socialista Alejandro Navarro, al cuestionar esta expulsión, que calificó de «perversa, absurda e incomprensible».
«El conflicto no es Schaulsohn, sino el financiamiento con fondos reservados de los partidos políticos», dijo Navarro.
En la derechista Alianza por Chile, cuyas dos fracciones pidieron a los tribunales investigar a los cuatro gobiernos que ha tenido la Concertación -en el poder desde hace casi 17 años-, el dirigente Carlos Larraín opinó que si los casos de corrupción hubiesen estallado en la región italiana de Sicilia, «Schaulsohn habría sido asesinado».
«Schaulsohn no pertenece a la mafia siciliana, se para en sus pies y no vive de la política», agregó Larraín.
En el Gobierno, el ministro del Interior, Belisario Velasco, prefirió no opinar sobre el conflicto pero la presidenta Bachelet, sin referirse directamente a la expulsión de Schaulsohn, volvió a pedir que se imponga el diálogo.
«No me he cansado ni me cansaré nunca de decir que la política del diálogo en torno a temas concretos es sin duda la mejor política, es lo más deseable», dijo la mandataria. *
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