La ultraderecha rompió el proceso de paz en Colombia

El presidente colombiano, Alvaro Uribe, aseguró ayer que respetará los beneficios jurídicos pactados con los paramilitares en el proceso de paz, pese a la decisión de los grupos de ultraderecha de romper el diálogo alegando que el gobierno incumplió sus compromisos.

Al intervenir en una ceremonia policial, Uribe advirtió, sin embargo, que retirará dichas garantías a los paramilitares que continúen delinquiendo, por lo que incluso extraditaría a Estados Unidos a aquellos requeridos por narcotráfico.

«A quienes cumplan en la cárcel se les respeta el proceso de paz. A los desmovilizados que cumplan, a todos aquellos que están en diferentes centros de referencia (reclusión temporal) del país se les respeta el proceso de paz», sostuvo el mandatario.

Pero «a quienes reincidan se les levantan los beneficios de la ley de Justicia y Paz (marco jurídico del proceso), y si llegaren a tener la suspensión de la extradición, también se les levanta» ese beneficio, advirtió.

Un total de 59 jefes paramilitares presos a la espera de ser juzgados por tribunales especiales pusieron fin al plan de paz el miércoles, acusando al gobierno de incumplir lo pactado a lo largo de tres años de conversaciones, aunque dijeron que siguen adelante con su sometimiento a la justicia.

Los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) rechazaron en particular su traslado, el pasado viernes, a la cárcel de alta seguridad de Itagüí (noroeste) por sospechas sobre un plan de fuga, y en medio de advertencias de Uribe de que extraditaría a los reincidentes.

Seis de los 59 dirigentes detenidos en Itagüí -adonde llegaron trasladados de un centro vacacional del poblado de La Ceja- son requeridos por Washington.

Según Uribe, algunos asesinatos de paramilitares desmovilizados habrían sido ordenados desde el complejo recreativo, pero los jefes de las AUC negaron la acusación y deslizaron que en los mismos estarían implicados miembros de la fuerza pública que temen sus revelaciones sobre vínculos con la ultraderecha.

El mandatario negó que utilice la extradición como un «mecanismo de presión política», y pidió a las autoridades investigar la supuesta participación de agentes estatales en dichos homicidios.

«El gobierno en lugar de callar, de buscar silencio, pone de presente esa insinuación para que se investigue y no quede ninguna duda», dijo.

Asimismo, garantizó la seguridad de los ex combatientes (unos 31.000) y sus familias. En su mayoría, los desmovilizados recibieron el indulto, pero los jefes acusados de crímenes de lesa humanidad debieron acogerse a la ley de justicia y Paz, que fijó una pena máxima de ocho años de cárcel.