España pidió la captura de ex dictador guatemalteco

Organizaciones civiles y de víctimas de la pasada guerra civil guatemalteca demandaron ayer la captura del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), un día después de que la Audiencia Nacional de España pidió su detención con fines de extradición al ser acusado de genocidio.

«Ahora nuestra principal demanda es que cuanto antes la Corte Suprema de Justicia pase directamente al tribunal correspondiente la orden y éste pueda ejecutarla», afirmó a la AFP el vocero del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Miguel Albizúres.

El martes se conoció oficialmente que la Audiencia Nacional de España había solicitado a la Justicia guatemalteca la captura con fines de extradición de Ríos Montt, acusado por genocidio, proceso que incluye a otros seis ex altos funcionarios.

El activista lamentó el retraso que sufre el proceso contra Ríos Montt, pues en junio llegaron a la Cancillería las primeras solicitudes para capturar a dos militares y un civil, pero en esa ocasión no se incluyó al ex dictador.

«No es posible que hayan avalado la captura de (el coronel Germán) Chupina (ex jefe de la policía) y de (el general Aníbal) Guevara (ex ministro de la Defensa) y no de Ríos Montt cuando es un mismo proceso por genocidio cometido durante la guerra» de 36 años que vivió el país (1960-1996), lamentó.

«La lentitud en ningún momento le conviene al gobierno ni al sistema de justicia, porque con este caso se están poniendo a prueba», agregó.

Albizúres recordó que entre los casos figura la masacre de las Dos Erres (norte), en la que fueron asesinados cientos de indígenas y campesinos entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, durante el gobierno de mano de hierro de Ríos Montt.

Sobrevivientes de esa masacre interpusieron una demanda contra el ex dictador en 1994, pero después de 12 años el proceso sigue estancado.

«Ahora todo está en manos del Organismo Judicial, ellos tienen que decidir si aceptan o no la ampliación de las órdenes de captura», dijo a la AFP el director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco.

«Está en juego la voluntad del sistema de justicia, pero también va a servir para demostrar que no existe ninguna componenda política en este caso», agregó el directivo del GAM, integrado por familiares de detenidos-desaparecidos durante la guerra.

Entre tanto, Ruth del Valle, miembro del Movimiento de Derechos Humanos, comentó que la «principal demanda es que no haya negociaciones políticas para impedir las órdenes de captura». «Nuestra petición es que se recuerden que la justicia tiene que llegar a Guatemala, que el genocidio se tiene que juzgar en Guatemala o en España», afirmó. *