Ante el ataque artero del gobierno de Uribe contra el periodismo y Telesur

Libertad para Fredy Muñoz

El periodista, que trabajó por más de 12 años en distintos medios y condujo varios programas audiovisuales, fue un año atrás miembro fundador de Telesur, y regresaba a Colombia desde Caracas luego de participar en un taller de narrativa audiovisual organizado por Telesur y dirigido por el reportero norteamericano Michael Cowgan y por Torry Zumbado, camarógrafo independiente de la guerra de Irak. Desde la primera hora recibió expresiones de solidaridad de organizaciones de periodistas colombianos y venezolanos, de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y de colegas de todo el mundo.

Telesur declaró que la detención de un periodista de un medio internacional es un atentado a la libertad de prensa y reclama un juicio apegado al derecho. Lo mismo solicitó la SIP.

El fiscal se basa en denuncias formuladas por tres presuntos ex miembros de las FARC que se reinsertaron en la sociedad acogiéndose a la rebaja de la pena sobre la base de proporcionar información. Ellos dicen, según el fiscal, que el acusado era jefe de milicias y explosivista, y que organizó siete ataques de las FARC en la costa atlántica (por eso fue conducido a Barranquilla). No hay ninguna prueba de nada. Se dice que los informantes dicen que vieron a Fredy Muñoz en programas televisivos y lo reconocieron. La hipótesis de la homonimia quedó descartada. Los presuntos atentados se produjeron en 2002 y 2003. Desde esa fecha Fredy Muñoz salió varias veces del país por los aeropuertos y nunca pasó nada. Ahora lo detienen de regreso de Caracas el día 19, con una orden de detención fechada el 10 de noviembre y se lo llevan a Barranquilla, mientras paralelamente se desarrolla una campaña mediática en que la noticia se adereza con muestras de torres de electricidad derribadas y otros atentados.

El imputado, que negó todas las acusaciones ante el fiscal, afirma que se trata de un mensaje intimidatorio contra Telesur y de una cortina de humo para ocultar la caza de brujas en Colombia, particularmente en la costa atlántica. El presidente del canal internacional, Andrés Izarra, señaló que los ataques más duros contra Telesur han provenido de Colombia, que desde la etapa de gestación del mismo lo vincularon directamente con la ETA y con Tirofijo y agrega que Fredy Muñoz (al igual que otros periodistas) «ha estado cubriendo todo lo que es la penetración paramilitar al más alto nivel del estado colombiano». Aquí puede estar la clave.

En primer lugar, el propio DAS, que lleva adelante la acusación, está en la picota pública desde que Jorge Nogueira, su director durante toda la primera presidencia de Uribe, colocó al organismo al servicio de los militares de extrema derecha, como se ha probado. Entregó una lista a los escuadrones de la muerte con los nombres de líderes políticos y sociales de izquierda (sindicalistas, comunitarios y defensores de los DDHH), muchos de los cuales fueron poco después asesinados o desaparecidos.

En segundo lugar, el gobierno de Uribe se encuentra sumergido en una tremenda crisis política ya que los vínculos de sus altos funcionarios con los paramilitares y sus escuadrones están saliendo a luz. La semana pasada tres congresistas de su bancada: Alvaro García, Jairo Merlano y Erick Morris, así como la ex congresista Muriel Benito Rebollo (defendida por el ministro del Interior uribista) fueron detenidos y acusados de diversos crímenes, entre ellos ordenar masacres de civiles y de pertenecer a organizaciones paramilitares. Merlano estuvo prófugo durante varios días tras la orden de captura de la CSJ, y luego se entregó. Una investigación mostró los vínculos del senador gubernista Alvaro Araújo con los paramilitares, lo que llevó a la renuncia de su hermana, la canciller María Consuelo Araújo, rechazada dos veces por el presidente Uribe. La nueva crisis se inició con el descubrimiento del computador del llamado Jorge 40, uno de los máximos líderes paramilitares, que contiene descripciones de los asesinatos de más de 60 personas. El senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, alertó sobre la existencia de mafias que «construyen redes vinculando a políticos, alcaldes y funcionarios, narcotraficantes, terratenientes, sicarios y criminales de lesa humanidad, para controlar el territorio, amasar salvajemente la riqueza que allí existe, lícita o ilícita, pública o privada, y con un método, el terror». Por su parte, la senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba, en un reportaje de Telesur, destacaba la connivencia muy acentuada entre el gobierno y los paramilitares, habiendo sido estos últimos una pieza fundamental para la reelección de Uribe. Concluyó que, de alguna manera, la labor periodística de Fredy Muñoz estaba mostrando esa infiltración de la estructura paramilitar en el seno del gobierno. En el caso presente, lo que acentúa nuestra preocupación es que, según se revela en la computadora de Jorge 40, los paramilitares desplegaban una campaña de exterminio de los líderes sociales y sindicales en Barranquilla. En la lista aparecían entre otros el intelectual Alfredo Correa de Andreis y el Defensor del Pueblo, Pedro Pérez Orozco. Ambos fueron asesinados. *

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