Desapareció Montesinos

Políticos independientes, de la oposición y de organizaciones civiles de Perú exigieron ayer martes la detención de Montesinos, el hombre que en pocos días pasó de ser el poder detrás del trono, a ser el hombre que empujó al presidente Alberto Fujimori a recortar su mandato y convocar a nuevas elecciones.

La Organización de Estados Americanos (OEA) se sumó al coro, y pidió la «pronta» suspensión de todas las funciones del oscuro asesor, cuyo paradero se desconoce pese a que una presunta hermana habría denunciado el lunes que estaba detenido en una base militar.

El gobierno y legisladores oficialistas desmintieron la versión y aseguraron que Montesinos no está detenido.

«Es urgente y necesario definir la situación del corrupto Montesinos», pidió el legislador opositor Fernando Olivera, quien en una videocinta mostró al polémico asesor supuestamente sobornando a un legislador para que se pasara a las filas del oficialismo.

El paradero de Montesinos, considerado el hombre de confianza de Fujimori durante sus 10 años de gobierno, se ha convertido en tema de debate para la mayoría de peruanos desde que fue implicado en un caso de corrupción, cuya gravedad llevó al presidente a anunciar nuevas elecciones generales, en las que, según dijo, no participará.

Las elecciones se realizarían en marzo y el nuevo gobernante asumiría sus funciones el 28 de julio del 2001, día de la Independencia Nacional, según planes del gobierno.

Grupos de derechos humanos acusan a Montesinos de ser responsable de violaciones a los derechos humanos y de la represión contra la oposición bajo el gobierno de Fujimori.

También se le acusa de espionaje telefónico a políticos, empresarios, periodistas e incluso artistas, y de haber montado una campaña de desprestigio y hostigamiento contra candidatos opositores en las elecciones de abril y mayo.

Un sondeo realizado en Lima por la firma privada Apoyo SA determinó el martes que el 85 por ciento de los entrevistados considera que Montesinos debe ser procesado judicialmente.

Pero la situación legal del asesor se ha tornado confusa.

El viernes pasado, un día después de difundirse el video del escándalo del presunto soborno, el primer ministro de Perú, Federico Salas, dijo que Montesinos pidió a la fiscal de la nación que lo investigara.

Y el lunes una mujer, supuestamente hermana de Montesinos, presentó una acción legal pidiendo la liberación del asesor que, según el documento, estaba detenido en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en Lima.

«No está detenido. Aún cuando lo supiera no podría decir dónde está por obvias razones de seguridad… Sé que está en Lima y no está detenido», dijo el ministro de Justicia, Alberto Bustamante, a periodistas la noche del lunes.

Incluso Bustamante –saliendo de una reunión con Fujimori– defendió la labor que desempeñó Montesinos como asesor del servicio inteligencia.

«Ha sido protagonista especial y decisivo en las exitosas batallas que ha librado el gobierno en los últimos 10 años contra el terrorismo y el narcotráfico», expresó el ministro.

Su presunta detención en una sede militar generó primero un beneplácito entre los opositores, pero luego del desmentido, una protesta frente a la sede del servicio de inteligencia.

«Es una cortina de humo para permitir un acuerdo a espaldas del país con los militares», dijo la legisladora Gloria Helfer.

Los militares peruanos siempre han jugado un rol importante en la vida política del país, más aun en la última década con el gobierno de Fujimori (un profesor universitario que emergió de la nada en 1990 sin respaldo de un partido político).

Según analistas, ese fue el factor por el cual entró en escena Montesinos, un ex capitán del Ejército, quien con sus vínculos se enquistó en las sedes militares con carta blanca otorgada por el mismo Fujimori. Eduardo Latorre, jefe de una misión especial de la OEA que supervisa el diálogo entre el gobierno peruano y la oposición, rogó que la promesa de Fujimori de desactivar los servicios de inteligencia se concreten lo más rápido posible.

La misión de la OEA se estableció en Lima luego de las cuestionadas elecciones generales que llevaron a Fujimori a un tercer quinquenio sucesivo y que polarizaron al país. «Esperamos prontamente una suspensión de funciones (de Montesinos). No debe dilatarse esa resolución», remarcó Latorre en una conferencia de prensa.