Desaparición de testigo es una estocada al corazón de la política de DDHH argentina

La desaparición de un testigo de crímenes de la dictadura argentina (1976-1983) se convirtió en estocada al corazón de la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner, que barrió con amnistías para sentar en el banquillo de los acusados a decenas de militares.

El gobierno está en una encrucijada debido a que necesita encontrar, y con vida, al albañil de 77 años Julio Jorge López, testigo del juicio en que fue condenado a cárcel perpetua Miguel Etchecolatz, uno de los más temidos jefes policiales de la dictadura.

López lleva dos semanas desaparecido, con una fuerte presunción en los organismos de derechos humanos de que ha sido secuestrado por grupos vinculados a la represión ilegal y el terrorismo de Estado en los años 70.

Un ambiente enrarecido por la ola de amenazas a jueces y fiscales que investigan a un millar de antiguos jefes de las fuerzas armadas y policiales se vive en los medios políticos, mientras resurgen fantasmas del pasado violento.

La idea de que la desaparición de López es una intimidación contra centenares de testigos de los juicios que están por comenzar en su fase oral cobró fuerza esta semana y movilizó a millares de manifestantes humanitarios en plazas y calles de todo el país.

«Esto no altera el avance de los juicios. El Estado y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios y eso es irreversible», declaró el domingo Carlos Rozanski, presidente del Tribunal que sentenció a Etchecolatz. La declaración de unos 150 testigos y víctimas de torturas, entre ellos López, fue clave para probar que el ex jefe policial se ensañaba con los prisioneros en sesiones de tortura y los mandaba ejecutar en alguno de los 21 centros clandestinos bajo su mando.

Rozanski admitió la importancia de que la Justicia haya señalado por primera vez en el país, en la sentencia contra Etchecolatz, que lo que ocurrió fue un genocidio.

«Esto fue un genocidio por motivos políticos. Los armenios sufrieron un genocidio de un millón y medio de personas y esto aún ni siquiera es reconocido», dijo el magistrado, uno de los tantos amenazados de muerte.

Pero el golpe político más duro lo ha recibido la intención de Kirchner (peronista progresista) de que 30 años después se determinen responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad y se dicte condena contra los culpables. *