El "impuesto revolucionario"

La financiación de las actividades de la organización separatista armada vasca se basa esencialmente en el llamado «impuesto revolucionario», un sistema de extorsión a los empresarios vascos por parte de ETA, blanco este martes de una importante operación policial franco-española.

Ese sistema funciona exigiendo a los empresarios del País Vasco y de Navarra (regiones del norte de España) fuertes sumas de dinero en efectivo para financiar la lucha armada, la subsistencia de decenas de militantes clandestinos, la compra de armas, el alquiler de viviendas, y otros.

El impuesto revolucionario se basa en el envío de cartas de advertencia o amenazas a industriales, empresarios o comerciantes, en las cuales les solicitan una suma de dinero variable en función del tamaño de la empresa.

ETA no ha dudado en cometer atentados contra las empresas reticentes.

Así, el invierno (boreal) pasado, varios empresarios fueron blanco de atentados en el País Vasco y Navarra, que tenían más un carácter mafioso que político.

Una fuente antiterrorista española citada por El Diario Vasco, afirmaba a fines de febrero que la campaña de extorsión de ETA estaba alcanzado niveles «sin precedentes».

Otras informaciones de prensa daban cuenta a principios de marzo del envío de cartas de amenazas a empresas reclamando entre 30.000 y 210.000 euros con «intereses» del 5% por año de atraso.

Según cifras difundidas en 2005 por la guardia civil española, ETA recibía cada año 1,5 millones de euros mediante la extorsión.

Las campañas de extorsión entre las empresas o los secuestros acompañados de rescates fueron las primeras actividades de la organización separatista armada vasca para financiar su lucha armada. *