Futuro incierto para el Senado

Por Isidoro Gilbert

Además, renunciar a los fueros y ser suspendidos para ocupar las bancas, sería como reconocer un principio de culpabilidad de haber recibido un soborno para votar por la ley laboral que el gobierno de Fernando de la Rúa motorizó apenas se hizo cargo de la presidencia en diciembre pasado.

Raúl Alfonsín reunió a los senadores radicales y consiguió que aceptaran ser desaforados y eventualmente suspendidos en sus funciones. El titular del bloque, Raúl Galván, que dejó el puesto en manos del veterano Luis León, fue ahora convocado por el juez Carlos Liporaci.

En el peronismo, entre los nuevos requeridos por el juzgado figura el titular del bloque partidario, Augusto Alasino, que en su juventud integró el ala izquierda de la juventud peronista, pero que en su madurez parece haber sido muy tentado por la peor de las formas de hacer política.

De hecho, la cámara alta no funciona y el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo (de la Rúa está de gira externa), Carlos «Chacho» Alvarez, se apresta a firmar un decreto de necesidad y urgencia para paliar la emergencia económica. Esta medida es clave para el gobierno porque entre otros asuntos, lo aleja de la necesidad de pagar por juicios millonarios perdidos por el Estado.

El gobernador bonaerense, el peronista Carlos Ruckauf, propuso ayer anticipar las elecciones para renovar totalmente el Senado Nacional. Lo cree posible sobre la base de un gran acuerdo político entre peronistas y la Alianza, con participación de los gobernadores y otros referentes de peso.

Tablero complicado

Alvarez no ve mal la idea, pero la encuentra endeble frente a las normas constitucionales que fijan fecha de elección y el fin de los mandatos actuales. Además a Ruckauf los grandes caciques peronistas lo miran de soslayo.

En medio de esta vorágine, un actor clave en ese proceso, el juez Liporace, es impugnado por supuesto enriquecimiento ilícito, por prevaricato en fallos anteriores que favorecieron a evasores de impuestos o a banqueros sospechosos por delitos y otras «alhajas» parecidas.

La cosa es que varios senadores son integrantes del Consejo de la Magistratura, el espacio constitucional de enjuiciamiento. Por lo pronto, por sorteo, el sumario estará a cargo de un diputado menemista, Miguel Angel Pichetto, lo que a los abogados independientes le añaden más oscuridad que claridad. Huele feo. El fiscal de la causa, Edgardo Filler, declaró que «hasta este momento no tenemos ningún funcionario imputado, mencionado ni sospechado» en el expediente, afirmación que le permite al Presidente no mover, por ahora, ninguna pieza ministerial. De todos modos, el juzgado investiga el origen del dinero para el posible soborno en distintas reparticiones, incluso en la Policía Federal y las FFAA. Pero el destacado analista político del diario Clarín, Eduardo Van der Kooy sostiene que el expediente judicial tiene argumentos muy débiles para recabar los desafueros.

Pero aunque no hay pruebas terminantes en el expediente los senadores, no sólo los del Partido Justicialista, «saben que no tienen más energías para remar contra la corriente». Todo el arco político entiende que, «al menos hasta ahora, la ofensiva que lanzó «Chacho» Alvarez sobre el Senado no tiene ningún retorno». Y que se alimenta de viejas y fundadas sospechas que sobre el funcionamiento del Parlamento venía acumulando la sociedad», dice el analista.

Si hubo soborno, ¿puede quedar vigente la Ley Laboral? La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) acompañada ayer por la CGT disidente del camionero Hugo Moyano, coparon el centro porteño con miles de manifestantes para decir que ese instrumento debe ser invalidado, así como los decretos que redujeron los salarios en el sector público y que generó en la víspera una nueva huelga en ese sector.

Un tablero complicado.