Ratifican absoluciones de acusados en el caso de la AMIA

Desde que recibió la causa AMIA tras las apelaciones al veredicto, Casación habilitó una secretaría especial que durante poco más de un año analizó desde cero las centenares de miles de fojas, desgrabaciones y todo tipo de pruebas analizadas en el juicio oral, que duró dos años y nueve meses.

Además, escuchó en audiencia pública a los abogados de AMIA, DAIA y también a la fiscalía, aunque esta última sólo cuestionó las absoluciones masivas resueltas por el Tribunal oral en lo referido a delitos comunes también ventilados en el proceso, como secuestros extorsivos, extorsión y asociación ilícita y que ahora tienen un trámite desvinculado del caso principal.

Un sector preponderante de las organizaciones judías reclamó condenas como supuestos «partícipes necesarios» del atentado del 18 de julio de 1994 para los ahora libres ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Mario Barerio, Anastasio Leal y Raúl Ibarra, además del mecánico Carlos Telleldín.

La sala II de la Cámara de Casación –integrada por los jueces Pedro David, Juan Fégoli y Gustavo Mitchell– citó a los abogados de todas las partes y sólo ayer les entregó una copia de la sentencia evitando su tediosa y larga lectura.

El Estado –a través del actual Gobierno– admitió ante la OEA la responsabilidad en la falta de esclarecimiento del atentado terrorista luego del lapidario fallo de octubre de 2004, pero casi nada se ha avanzado desde entonces. Incluso se ha puesto en duda, por datos recientes, que un libanés que supuestamente se inmoló en la camioneta frente al edificio de la mutual hayan sido realmente el que cometió el atentado.

 

Igual lo que falló el Tribunal Oral

Luego de casi tres años de juicio oral, el TOF3 había llegado a la conclusión de que el ahora ex juez Juan José Galeano se confabuló con el menemismo para acusar por el atentado a un grupo de policías bonaerenses liderados por el ex comisario Juan José Ribelli. La principal prueba de esto es el pago de 400 mil dólares que se le hizo a Telleldín con fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) el mismo día que éste estampó su firma en la declaración que hizo contra los policías.

Tras la destitución de Galeano, la causa quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien delegó la pesquisa en un fiscal. En forma paralela, el juez federal Ariel Lijo tiene a cargo otra pesquisa por las irregularidades cometidas durante la etapa en que la causa estuvo en manos de Galeano a quien sancionó con su destitución el Consejo de la Magistratura.

El tribunal oral dijo en su momento que en el juicio no se pudo demostrar que Telleldín haya entregado a los bonaerenses la camioneta que se usó para el atentado. También exculparon a Telleldín al afirmar que no se probó que él supiera el destino que se le daría a la camioneta que pasó por sus manos. Igualmente absolvieron a los policías por los supuestos negocios ilícitos con Telleldín en el «doblado» de autos. Dijeron que esa investigación fue hecha sólo para inculparlos por lo de la AMIA.

La decisión del tribunal fue apelada por la AMIA y la DAIA, la voz institucional de la comunidad judeo-argentina, aunque está cuestionada su dirección por sectores de izquierda. DAIA así como un grupo de familiares de las 85 víctimas del atentado creen que sí había pruebas para condenar a los acusados por el atentado. En cambio, el fiscal Alberto Nisman sólo apeló por la falta de condena para los otros delitos.

Ahora los querellantes que apelaron la decisión del TOF3 les queda el último recurso de ir a la Suprema Corte de Justicia. Si Casación les deniega el recurso extraordinario de ir al máximo tribunal tienen aún la vía del recurso de queja ante la propia Corte.

Mientras tanto, la investigación por el atentado reposa sin grandes novedades. Tampoco avanzaron las fuertes denuncias que hizo el tribunal oral contra diversos ex funcionarios como el ex ministros del Interior, Carlos Ruckauf y Caros Corach o el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.

Es la misma situación a la causa por la voladura de la embajada de Israel en 1992, y que investigó la Suprema Corte de esos tiempos, sin avanzar un ápice. Son dos casos de impunidad que con el paso del tiempo lucen como que no se puede llegar a la verdad. *