Tráfico de armas por Perú

Lima, ANSA

Los informes afirman que los traficantes lograron entregar hasta 10.000 fusiles AKM, lanzados en paracaídas sobre la selva colombiana en cinco vuelos, tres de los cuales arribaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima sin ser detectados por las autoridades de aduanas e inteligencia.

Esta versión es distinta a la que proporcionó el presidente Alberto Fujimori, quien aseguró que los aviones lanzaron las armas sobre territorio colombiano sin aterrizar en el aeropuerto de Lima y que uno de los vuelos hizo escala en la ciudad de Iquitos, en la amazonia peruana, donde recogió madera pero sin llevar armas en sus bodegas.

El diario Expreso afirma que las autoridades peruanas (Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos) «no conocían todo sobre los movimientos de la mafia y, por ello, dieron una versión apresurada de los hechos».

«Recién con las declaraciones de los detenidos se ha empezado a desentrañar el misterio», dice la crónica, que cita parte de las investigaciones y los testimonios de los implicados, once en total. En la víspera fueron detenidos dos de los principales implicados, Frank Aybar Cancho y el español Juan López Rodríguez, capturados cuando viajaban en la maletera de un vehículo que los conducía hacia un lugar desconocido para entablar declaraciones con periodistas de oposición al gobierno.

Hoy surgen varios interrogantes sobre las verdaderas implicaciones de la organización criminal en el tráfico de armas que terminaron en manos de la guerrilla colombiana.

El gobierno peruano ha enfrentado en los últimos días una serie de demandas de información precisa sobre su propia denuncia, aunque todo parece indicar que el tema podría zanjarse cuando el gobierno decida, en los próximos días, no hablar más del asunto y reiterar que todo está en manos de la justicia militar.

Sin embargo quedan cabos sueltos en torno a quiénes serían los verdaderos responsables del tráfico, qué cuentas gubernamentales se habrían utilizado para la operación de compra en Jordania y por qué las autoridades aduaneras y de inteligencia no intervinieron las aeronaves cuando ya se sabía de una indagatoria de seguimiento sobre la banda.

Otras preguntas están sin respuesta, incluso para las autoridades colombianas (que expresaron su desazón por la forma cómo Perú procedió en este caso) en relación con los alcances de este tráfico de armas y la situación vulnerable que implica que ex miembros del Ejército participaran en un tráfico de naturaleza transnacional.