Corrupción en el Legislativo

Por Isidoro Gilbert

Ahora nadie duda que hubo corrupción en el Senado Nacional y que éste entona el canto del cisne. El juez federal Carlos Liporaci llegó a aquella conclusión en un giro dramático, pidiendo ocho desafueros (que serán más si sus pares aceptaran la decisión): en la semana había dicho no tener pruebas y que el caso era de difícil resolución.

«Huye hacia adelante porque tiene varios pedidos de juicio político y una revista lo escrachó exhibiendo su flamante vivienda de 1,5 millones de dólares», se comentó en esferas oficiales que prefieren que el juez hable por sus fallos y no ante sopas de micrófonos. Pero hay que tener en cuenta que hay presión pública y que los desafueros los reclamos el fiscal del caso.

Y que Fernando de la Rúa y Carlos «Chacho» Alvarez, el corazón del poder, no objetaron al magistrado. Los dos privilegian la actuación de la Justicia sobre quien conduce esta investigación muy monitoreada.

¿Quedará paralizada la cámara alta hasta su renovación más temprano que tarde? El bloque peronista se debilitó por el escándalo y por su centrifugación, proceso anterior a la irrupción del senador Antonio Cafiero que llevó al juez nombres de sus pares entreverados con el cohecho. Para peor, el liderazgo del sector perdió la batalla de desviar la atención acusando al vicepresidente de querer desplazar a de la Rúa y hoy su titular Augusto Alasino negocia su relevo sin estridencias, algo que nadie puede asegurar, y hace saber que está dispuesto a aprobar leyes clave para el gobierno.

En algún momento, Alasino creyó abrazar el cielo con las manos. Primero cuando logró respaldo radical para formar una Comisión Investigadora en el Senado de sus pares: se hundió por sí sola.

Luego, cuando pensó que el rencor del bloque radical con «Chacho» Alvarez le iba a permitir un documento conjunto de castigo al vicepresidente. Algunos, porque es un intruso que quiere quebrar viejas normas de acuerdos y para otros, a quienes también les repugnan los hechos de corrupción o ni siquiera toleran el método de toma y daca, les molesta la blitzkrige del vicepresidente, que a veces no diferencia buenos de perdidos.

Además Alasino no contó con el apoyo de varios senadores de su sector que no refrendó el documento del bloque contra Alvarez.

Es seguro que Alasino leyó mal el hecho de que a una reunión crucial del bloque de senadores radicales con el jefe del partido, Raúl Alfonsín, éste se hizo acompañar por el secretario del Comité Nacional, Enrique «Coti» Nosiglia, siempre sospechado, justa o injustamente, con merodear por el lado oscuro de la política.

En el cónclave, Alfonsín dijo descreer que haya habido soborno: si hay quien cobra, hay quien paga, es lo obvio y él no puede sospechar en público sobre el gobierno. De la Rúa no participó de ese optimismo, cuando anunció que si descubría un ilícito, iba a castigarlo, condición que habría puesto Alvarez para mantener la cordialidad del binomio..

«Si había documento conjunto, ‘Chacho’ se iba a su casa», pensaron hombres como Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero, sus más cercanos consejeros de estos tiempos duros. Y Alfonsín, que sabe leer bajo el agua, evitó el desastre con un mensaje que trasladó a los senadores radicales.

La relación en el poder

En medio de la vorágine y la mar de conjeturas, el Presidente y el vice se reunieron antes que de la Rúa volara a Brasilia en un clima cálido, sin que pesaran en la charla ni la desdichada acusación de Alasino contra Alvarez, ni otras hipótesis de conjura que se pergeñaron en esas horas dramáticas en medios radicales. «Todo está bien», les dijo Alvarez a los suyos después del encuentro cuyas consecuencias no tardarán en visualizarse. Es que para cerrar el affaire, no basta con encontrar los culpables en el Senado Nacional: el Presidente debe, además, arrojar lastre en sus propias filas.

Cuando Richard Nixon fue descubierto por el Watergate, el espionaje a las oficinas del Partido Demócrata fue dejando en el camino a cinco de sus más queridos consejeros, hasta que se debió ir por un juicio político y sólo fue salvado de ir a prisión por un indulto de su sucesor, Gerald Ford.

No habrá Watergate criollo porque todos quieren preservar al Presidente. Pero todavía no está implementada una solución de la crisis.

Ella pasa no sólo por el dictamen judicial. Reclama una purga en el Senado Nacional, y con renuncias de los sospechados de haber pagado. Hay dos nombres en danza: el titular de Trabajo, Alberto Flamarique, que niega los cargos, pero político de raza, sabe que no tiene alternativas: además, está deteriorada su relación con Alvarez.

Más bravo es lo del jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, porque su caída no está en los planes del Presidente, ni aún diluyendo varias renuncias dentro de una renovación más amplia del Gabinete Nacional. «Hay dos personas que el Presidente defenderá siempre: a su hijo Antonio y a Santibañes», sostiene un ministro importante.

Sea como fuere, el vicepresidente no tolerará el «ajusticiamiento» solitario de un hombre de sus filas. Que así no sea, lo decide el Presidente.

Si subsistiera la porfía de la mayoría de los senadores de no aprobar leyes que se consideran básicas, la Alianza ya tiene decidido recurrir a los decretos de necesidad y urgencia, ese denostado instrumento que Carlos Menem usó abusivamente, siendo colocado en la picota.

¿Cómo cambiar el senado?

Pero no es una buena solución. El gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, piensa en un nuevo acuerdo político, enhebrado públicamente, que reúna a los gobernadores, al menos a los más influyentes del justicialismo y el Presidente, que permita elaborar una agenda parlamentaria con el compromiso de todos de hacerle cumplir en las dos cámaras, para evitar el uso draconiano de los decretos.

No es una idea muy original, pero posible porque los gobernadores de fuste, el bonaerense, el santafesino Carlos Reutemann o el cordobés José Manuel de la Sota, no están contaminados por el escándalo y pueden hacer sentir a sus senadores una autoridad mayor que en el pasado.

Es lo que no habían conseguido cuando a inicios de la actual administración firmaron con la Alianza una nueva distribución de los impuestos y en el Senado, su mayoría, le puso trabas. «Tienen que negociar con nosotros», gritaba entonces Alasino, con el doble sentido que se interpretó esa exigencia. Exhibía una fortaleza que ahora entra en el ocaso.

Las propuestas para hacer elegir un nuevo Senado por intermedio de las Legislaturas provinciales, es inviable. Las dimisiones conocidas (Eduardo Menem, Jorge Yoma y Raúl Galván) son sólo un gesto: una vez elegidos, los senadores nacionales ya no dependen de sus legislaturas aunque la de La Rioja, de donde son oriundos, piense lo contrario.

Por todo esto, la Corte Suprema podría ser consultada para interpretar el texto constitucional, que fija plazos máximos para elegir el nuevo Senado, para anticipar las elecciones pensadas para octubre de 2001 y no dice nada si se efectuarán antes. No es fácil de todas maneras.

Más allá de consideraciones subjetivas, hay datos que apuntan a fortalecer por ahora la relación de la Rúa-Alvarez. El Presidente, al igual que Alfonsín, sigue considerando estratégica a la Alianza. Es decir, la permanencia de Alvarez en su cargo y con el espacio político que ha conquistado, pero más con la opinión pública que consolidando su propia tropa o tejiendo coincidencias transversales dentro del radicalismo.

Los tres hombres clave de la coalición, no tienen la misma lectura del vendaval desatado. Alfon
sín es de los que creen que detrás de esta andanada agitada por la prensa, puede, sin proponérselo sus actores, abrir pasó a la antipolítica, primer escalón del autoritarismo.

El Presidente oscila. Primero despreció las denuncias; más tarde, le comenzó a dar crédito y ahora acepta, de hecho, que hay culpables posibles en sus propias filas. Pero desconfía, como siempre, de lo que no maneja.

Alvarez tiene una mirada de «revolución cultural». Apuesta al apoyo popular para renovar la política, acotar sus mañas, seguro de que no hay moros en la costa y que se puede machacar sobre los vicios de los partidos sin abrir camino a los aventureros.

Quiere no volver a presidir el Senado, hasta que no se cierre el sumario judicial, pero ese es una tarea inherente al vicepresidente: una carga pública. Es seguro que no piensa renunciar y se indigna cuando se escribe que dará ese paso para ser votado como senador el año próximo.

Y por último y no lo menos importante, la posibilidad, de rectificar algunas de las pautas en el rumbo económico que se engarza con la incorporación a la secretaría de Industria, al hombre del grupo Techint, Javier Tizado.

El sirve de nexo con sectores productivos de fuste, tanto vinculados a la exportación como al mercado interno que ya no deja solo al Gobierno a merced del sector financiero donde las novedades producen una fisura: para varios banqueros una medida anunciada, el «Compre Argentino», abriría un curso neokeynesiano al que repudian.

En el ministerio de Economía aceptan que adhieren al pragmatismo, porque la necesidad tiene cara de hereje piensan que los operadores de Wall Street están eufóricos por la trepada de los títulos criollos, porque están seguros que la Argentina honrará sus pagos externos.

Pero aunque la economía no baila en esta ocasión al ritmo de la política, todavía sigue en una meseta. Solamente a partir de datos provechosos en ese campo la crisis general podría comenzar a ser superada.

Aún resta que el Senado se depure y legisle. Y que el gobierno separe a los sospechosos, sin artificios. ¿Será antes que el Presidente emprenda esta noche un viaje al exterior de dos semanas?

Algo es cierto: en el futuro será más difícil la corrupción. Pero el modelo económico de exclusión de millones de argentinos, ¿cómo se define?

Por algo se empieza.