Los sindicatos lanzan ultimátum al gobierno francés para que anule ley

Un día después de que entre uno y tres millones de personas salieran a las calles de Francia para pedir el fin de esta medida laboral y coincidiendo con la apertura de las negociaciones con el gobierno, los sindicatos decidieron endurecer el tono, seguros de su poder.

En una declaración común, las 12 principales entidades que agrupan a empleados y estudiantes condicionaron la apertura de estas conversaciones con las autoridades a que el Parlamento vote la derogación de esta ley antes del 17 de abril.

«El objetivo de las organizaciones sindicales no es negociar puntos del CPE sino obtener su abrogación», subraya este texto, que obtuvo también el visto bueno del Partido Socialista, la principal fuerza de oposición.

En caso contrario, se dijeron dispuestos a organizar nuevas movilizaciones «sin descartar ningún tipo de acción». Al respecto, el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), Bruno Julliard, instó a «intensificar la protesta» en las universidades y seguir adelante con las huelgas.

Según la policía, 3.682 personas fueron detenidas en un mes en Francia en las manifestaciones contra el CPE en las que más de 500 policías y gendarmes resultaron también heridos en enfrentamientos con agitadores violentos.

El miércoles por la tarde, sindicatos y organizaciones estudiantiles comenzaron a reunirse con los representantes de la UMP (partido conservador en el poder) pero no para negociar sino para dejar claras sus exigencias.

En palabras del secretario general del sindicato CFDT, François Chereque, los representantes del gobierno se limitaron a «escuchar» y las discusiones continuarán el jueves.

El miércoles, el presidente Jacques Chirac pidió a los sindicatos y responsables gubernamentales que van a renegociar este contrato a partir de esta semana, que muestren un espíritu «constructivo». «Cada uno debe asumir su parte de responsabilidad para que las discusiones sean constructivas», recordó Chirac, que instó a los estudiantes a volver a las aulas y terminar su año escolar.

Tras dos meses de manifestaciones multitudinarias y de repetidas huelgas, el jefe de Estado dio su brazo a torcer la semana pasada y declaró que estaba dispuesto a negociar los dos puntos más polémicos de este CPE, destinado a los menores de 26 años.

En concreto, el dirigente se refería a la duración del período de prueba, que pasaría de dos a un año, y la necesidad de que se explique al trabajador por qué es despedido, llegado el caso.

Por ahora, el CPE, pese a haber sido promulgado por ley, está suspendido aunque no anulado, como reitera el gobierno.

Impulsado por el primer ministro, Dominique de Villepin, este contrato laboral era una de las medidas elaboradas por el gobierno para hacer frente al desempleo juvenil que roza el 25% en este país.

Sin embargo, su aprobación ha terminado con el prestigio de Villepin y ha provocado una crisis política inesperada a un año exacto de las elecciones presidenciales en este país.

«No seremos nosotros los que renunciaremos. La abrogación del CPE no es algo negociable», prevenía el jueves Bernard Thibault, líder de la CGT, principal sindicato francés. *