España: La igualdad no es una utopía

El reconocimiento de derechos sociales y la igualdad de todos los ciudadanos ha sido un compromiso esencial que ha presidido todas las acciones puestas en marcha por el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Una parte esencial en el desarrollo de estos principios ha sido, sin lugar a dudas, la igualdad entre hombres y mujeres.

La primera ley que el gobierno presentó al Parlamento y que recibió el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, fue precisamente la Ley Integral contra la Violencia Ejercida contra la Mujer. Próximamente enviaremos el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esta norma resume como pocas los dos principios que he mencionado: derechos sociales e igualdad de todos los ciudadanos.

Es una verdadera ley de igualdad que beneficiará, no sólo a las personas que no pueden valerse por sí mismas para desarrollar su vida cotidiana, sino que será un apoyo fundamental para las familias y, especialmente, para las mujeres que, dentro del seno familiar, son las que mayoritariamente llevan todo el peso de la atención a estas personas.

En este marco se encuadra el Anteproyecto de Ley Orgánica que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 3 de marzo, cuyo objetivo es hacer efectivo el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación contra la mujer en cualquier área de la vida pública o privada.

El objetivo es modificar todas aquellas leyes afectadas por la inclusión del principio de igualdad real y contempla un conjunto de medidas de carácter transversal que afectan, entre otros ámbitos, al de los poderes públicos, a la política educativa y de salud, a la política laboral y al acceso a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información.

Pretendemos que la igualdad formal que consagró nuestra constitución se convierta en igualdad real en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Asimismo, por medio de este texto se traspone a nuestro país la directiva europea referida a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, y se adopta por nuestro ordenamiento jurídico la definición de discriminación directa e indirecta, la de acoso sexual y la de acoso por razón de sexo.

Esta ley, que cuenta con un amplio apoyo social, ha sido consensuada con las organizaciones de mujeres y con los sindicatos.

Intentamos que el mercado laboral sea un ámbito de igualdad y no de exclusión de la mujer. Estamos convencidos de que las políticas de igualdad mejoran la posición competitiva de la empresa y su imagen. Facilitar la maternidad y el empleo no es un gasto sino una inversión de futuro.

En cuanto a las políticas públicas para la igualdad, el texto incluye criterios como la garantía de la efectividad del derecho a la igualdad, su integración en todas las políticas públicas, la colaboración entre administraciones para su aplicación, la participación equilibrada entre hombres y mujeres en la toma de decisiones, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la protección de la maternidad y situaciones derivadas de ella, el establecimiento de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la colaboración de las administraciones públicas con partidos políticos, agentes sociales y asociaciones de mujeres, y el fomento de la igualdad en las relaciones entre particulares.

Este conjunto de iniciativas abarca todos los ámbitos sociales y tendrá que desarrollarse equilibradamente y en paralelo. Por tanto, cualquier medida es importante ya que cubre una parte de nuestra sociedad en la que tiene que existir una igualdad real de hombres y mujeres.

Por destacar algunas, llamo la atención sobre la paridad que se establecerá en las listas electorales; el permiso de paternidad de 10 días independiente del de la madre que nos situará por encima de la media europea; los planes de igualdad en las empresas, que serán obligatorios en aquellas con más de 250 trabajadores y voluntarios en las de menos, aunque todas tendrán que poner en marcha medidas de igualdad.

En definitiva, la iniciativa pretende contribuir a hacer efectiva la conciliación de la vida familiar y laboral e incentivar la corresponsabilidad en el cuidado y tareas de los hijos y del hogar como verdadera igualdad real entre el hombre y la mujer.

El gobierno, con esta ley, quiere dar carta de naturaleza a un cambio cultural que ya está demandando buena parte de la sociedad española y que necesitaba de una cobertura legal. * (Exclusivo de IPS)

 

(*) Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España.