Agrupaciones de DDHH piden que Fujimori sea extraditado y juzgado

Agrupaciones de derechos humanos en Chile enviaron ayer una carta al presidente Ricardo Lagos en la que piden que el ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido en Santiago desde hace casi cuatro meses, sea extraditado a Perú para ser juzgado por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

«Queremos que sea extraditado y juzgado en Perú», dijo a la AFP Raúl Paiba, presidente del comité de refugiados peruanos en Chile.

Acompañado de una veintena de manifestantes, el dirigente entregó la carta en el Palacio de La Moneda antes de dirigirse caminando hasta el Palacio de los Tribunales, donde entregó una copia al presidente de la Corte Suprema, institución que deberá emitir la decisión final sobre el proceso de extradición contra el ex presidente (1990-2000).

«Corremos el riesgo que aquí, en Chile, se le absuelva de algunas acusaciones que le hace el Estado peruano y al final se le restrinja a casos de pequeña envergadura», indicó Paiba.

La carta solicitó al presidente Lagos que «exprese públicamente el compromiso del Poder Ejecutivo bajo su liderazgo de evaluar en toda su amplitud las acusaciones existentes contra esta persona, y conceda con presteza y diligencia la extradición al Perú de Alberto Fujimori para que sea juzgado y sentenciado por los graves crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra el pueblo peruano». «Fujimori genocida», rezaba un lienzo que portaban miembros de la agrupación de familiares de víctimas del gobierno de Fujimori y de Amnistía Internacional, durante la manifestación ante la sede del gobierno, en el centro de Santiago.

«Â¡Fujimori, Montesinos, corruptos y asesinos!», gritaban los manifestantes reunidos en la Plaza de la Constitución, portando pancartas que comparaban al ex gobernante peruano con el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), cuyo régimen militar dejó 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos en Chile. El gobierno peruano formalizó el pedido de extradición contra Fujimori a fines del año pasado, después que el ex mandatario fuera detenido en Santiago al llegar sorpresivamente el 6 de noviembre desde Japón, donde permaneció cinco años tras renunciar a su cargo en noviembre de 2000 en medio de un escándalo de corrupción. El pedido de extradición, ahora en manos del juez Orlando Álvarez de la Corte Suprema, consigna la matanza de 15 personas en el vecindario de Barrios Altos en Lima, en 1991, y las muertes de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta. *