Fiscales pidieron la destitución de Ibarra

Ibarra cerró anoche la jornada de alegatos con un discurso que debió interrumpir por un largo rato, al ser acusado por un grupo de los familiares de las víctimas de la disco Cromagnon de «asesino», una batahola que obligó al presidente de la Sala Juzgadora de la Legislatura, Julio Maier, a desalojar las barras, aunque sin intervención de las escasas fuerzas policiales que había en el recinto.

Ayer fue el último día previo a la votación de los 15 legisladores que cumplen las funciones de «jueces», que tendrá lugar el 10 de marzo. Por la mañana, los tres fiscales, dos de ellos del espacio de la derecha y uno de la ultraizquierda, reclamaron la destitución de Ibarra y la suspensión por 10 años de sus derechos políticos.

En los diarios de la víspera se publicaron varios manifiestos en contra del juicio político suscripto por legisladores nacionales del kirchnerismo, el radicalismo, el socialismo e independientes, pero ninguna rúbrica de dirigentes del partido de Elisa Carrió, el ARI y, va de suyo, del espacio donde está Mauricio Macri, líder del derechista Compromiso para el Cambio o de Ricardo López Murphy, del partido Recrear y mucho menos de los partidos de matriz leninista.

El legislador Gerardo Romagnoli, del partido semianarquista, Autodeterminación y Libertad, que presentó su renuncia como integrante de la Sala Juzgadora (SJ), inesperadamente estuvo parte del día sentado en su banca y no explicó si lo hacía para rever su decisión por la que fue acusado de ser sobornado, o como curioso que aprovecha sus fueros como diputado. Una interrogante más.

Los defensores de Ibarra, encabezados por el famoso Julio César Strassera, el mítico fiscal que acusó a los miembros de la Junta Militar en los juicios de 1984, subrayaron que todo proceso de intentar destituir a Ibarra era una maniobra política ya que no fue presentada ninguna prueba de que el alcalde haya tenido responsabilidad ni en el incendio de la disco ni en el control de las discos.

 

«A contramano de la sociedad».

En un duro descargo Ibarra afirmó que el juicio político ha ido «a contramano de la Justicia» que no lo llamó, por lo menos por ahora, a declarar siquiera como testigo. Los fiscales, afirmó, no sólo fueron a contramano de la Justicia sino también de la sociedad y sólo defendieron los intereses de un sector que quiere la destitución.

Ibarra recordó que cuando era fiscal se opuso a los indultos que firmó Carlos Menem a favor de los comandantes de la dictadura que habían sido juzgados y condenados a prisión perpetua y llamó la atención que la Comisión Investigadora de la Legislatura, que fundamentó la acusación para abrir el juicio político, estuvo presidida por una ex socia del ex almirante Emilio Massera. Al respecto Strassera -uno de los defensores de Ibarra- afirmó que «la comisión de investigación fue un show» y que «no representaba a todo el sector político».

Otro de los letrados del alcalde, Julio Golodny, afirmó que la Legislatura porteña es la «mejor versión del oportunismo político, ya que sólo actuó en el tema de los controles una vez sucedida la tragedia». El tercero de los abogados defensores, Fernando Castejón, sostuvo que las acusaciones contra Ibarra son «una falta de respeto», ya que el mandatario «actuó correctamente en todo lo que concierne a sus obligaciones».

Los fiscales tuvieron lógicamente una postura diferente y consideraron que la responsabilidad política del suspendido jefe de Gobierno en la tragedia de Cromagnon «está plenamente acreditada».

Y ahora se desata otro tour de force en el plano político. Los cargos contra Ibarra, muy frágiles a juicio de analistas, entrarán en un plano secundario y como se ve por los movimientos de respaldo que recibe el alcalde suspendido que mañana tendrá como marco una concentración que dicen cubrirá Plaza de Mayo en apoyo a su restitución en el cargo de jefe de Gobierno, exhiben una dirección, el de la definición en el campo de la política.

Diez votos se requieren para la destitución y suspensión de los derechos políticos y no se sabe hoy si se lograrán o no. Todo depende de cómo voten los legisladores kirchneristas en la SJ. Pese a que Néstor Kirchner dio señales de simpatías por Ibarra, nadie podría asegurar que viejos odios políticos, el temor a la ira de un sector de los familiares y disensos dentro del oficialismo con vistas al control político de la Reina del Plata, no acaben por perjudicar los esfuerzos en bloquear lo que para vastos sectores sería (la destitución) una victoria política de la derecha.

Según los observadores, una decisión desfavorable a Ibarra le permitirá, por los agujeros negros del juzgamiento, pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

Ahora a esperar y ver cómo se mueve además la opinión pública que, según varias encuestas, quiere ver a Ibarra cumpliendo su mandato constitucional. *