Hijo de Sharon a prisión por violar ley de financiamiento de campañas electorales

Omri Sharon, el hijo del primer ministro israelí Ariel Sharon, fue condenado ayer a nueve meses de prisión por violación de la ley sobre la financiación de las campañas electorales.

El ex diputado también fue condenado a otros nueve meses de cárcel, pero con la sentencia en suspenso, así como al pago de una multa de 65.000 dólares.

Omri Sharon deberá ingresar en prisión el próximo 31 de agosto, pues el tribunal ha tenido en cuenta el estado de salud de su padre, en coma desde el 4 de enero debido a una hemorragia cerebral, y el hecho de que los dos hijos del primer ministro se turnan para cuidarle.

Sus abogados anunciaron que apelarán ante el tribunal del distrito de Tel Aviv, dada «la severidad de la sentencia».

El fiscal, por su parte, se congratuló por la condena, mientras el tribunal consideró que es necesario «liberar al país del azote de la corrupción pública» y acusó al condenado de graves faltas y «mentiras deliberadas».

«Es una sentencia severa. Si Omri Sharon no hubiera sido el acusado, estoy seguro de que la condena hubiese sido más leve», declaró el propio Omri a la prensa. El hijo de Sharon, de 41 años, fue reconocido culpable a finales de 2005 de «falso testimonio» bajo juramento así como de «falsificación y falsificación de documentos» en un asunto que se remonta a 1999.

En ese año, Omri creó una empresa, la Annex Research, que recogió contribuciones de compañías con sede en Israel y en el extranjero por un valor de 1,4 millones de dólares, es decir, seis veces más que la cifra máxima autorizada por la ley.

Esos fondos, cuyo origen nunca fue determinado, sirvieron para financiar la campaña de su padre en las primarias del Likud, el gran partido de la derecha nacionalista israelí, en 1999.

Sharon fue elegido candidato a primer ministro del Likud en las elecciones legislativas de febrero de 2001, que ganó abrumadoramente.

En el marco de la investigación, el padre de Omri fue interrogado por la policía durante siete horas, en abril de 2002.

El primer ministro y varios de sus colaboradores más cercanos, sin embargo, lograron escapar a la inculpación por «insuficiencia de pruebas». *