España: estado de derecho y poder civil

Por primera vez en la democracia española, un alto jefe militar ha sido sancionado con arresto domiciliario y cese por haber expresado su desagrado acerca del proceso de autonomía política. El teniente general José Mena Aguado, quien hasta ahora tenía a su cargo las fuerzas de tierra en la estructura militar española, usó el discurso institucional del 6 de enero para lanzar una andanada sin precedentes contra el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía catalán.

No solamente adujo estar canalizando el malestar y preocupación de un cierto número de sus subordinados, sino que recordó que si el texto finalmente aprobado rebasara los límites marcados la Constitución, el Ejército se vería obligado a intervenir para garantizar la integridad de España. Era a todas luces un insólito conato de pronunciamiento, justamente cuando se está a punto de cumplir el 25 aniversario del intento de golpe de estado del teniente coronel Tejero el 23 de febrero de 1981.

La contundencia con que el ministro de Defensa, José Bono, ha reaccionado al aceptar la recomendación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa para que aplicara las sanciones correspondientes debiera servir para cerrar el tema. Sin embargo, algunos flecos en lo que no es un simple incidente merecen atención especial.

En primer lugar, ya nada sorprende en cuanto a la actitud del derechista Partido Popular en todo lo que considera que pueda ser explotable en la política de acoso contra el gobierno, sobretodo en lo que puede afectar la imagen de su presidente y de algunos de sus ministros más mediáticos, como es el caso de Bono. Entre la casi unanimidad de las fuerzas políticas en condenar las declaraciones de Mena destaca en su primer momento el silencio de la dirigencia del PP, que solamente más tarde por medio de un portavoz parlamentario lamentó el incidente, agregando que las declaraciones reflejaban el sentir del partido.

En segundo término, preocupa que la dirigencia de dos asociaciones de militares difieran en sus apreciaciones. Una se adhiere a la decisión del ministerio de Defensa e incluso lamenta la obvia levedad de la sentencia que equivale a una honorable jubilación anticipada, pues en cualquier caso el próximo marzo Mena debía pasar a la reserva. La otra, por el contrario, justifica el pronunciamiento al considerar que las opiniones se emitieron en defensa de la Constitución. Por un lado, los políticos más destacados se han apresurado a afirmar que las declaraciones del general no son mayoritarias y que el grueso de las fuerzas armadas es neutral y fiel a los ordenamientos. Pero existe un sentimiento de complicidad entre la oficialidad española con el fondo de las opiniones del militar en cuestión.

Esto es normal, y lo contrario sería extraño, ya que entonces se certificaría un fracaso sonoro de la agenda de normalización política de España y de todos los estamentos gubernamentales, incluido el militar. En lugar de sentirse distinto, el Ejército debe ser un fiel reflejo de la sociedad española. Esta siente reticencias, cuando no oposición frontal, hacia esos intentos de reforma de los estatutos de autonomía, que como el catalán, son en principio razonables. pero pueden «rebasar» los límites constitucionales e incomodan la convicción de la «indisoluble unidad de España», el único ente que merece ser llamado «nación», el vocablo que en el proyecto de reforma levanta notables fobias.

Lo que resulta extremadamente inaceptable es que un militar, justificándose porque sus subalternos puedan pensar igual, se arrogue el derecho de ser el que califique cuando y cómo un proyecto político «rebasa los límites». Un texto que está en pleno examen parlamentario, bajo amplio mediático análisis y que en su momento deberá pasar (sea como salga del Congreso) por los filtros de referendums y el Tribunal Constitucional, no es en absoluto de la incumbencia de los que, en su momento, y cuando lo ordenen el gobierno constituido y el Jefe del Estado, y no antes, pueden acudir garantizar la soberanía y la integridad nacionales. Mientras tanto, deben dedicarse a su labor profesional, a examinar el buen estado de los fusiles y la limpieza de los uniformes, y a dedicarse a aprender idiomas en un mundo globalizado.

Curiosamente, es allí donde falla el estamento que Mena cree representar. Solamente así se entiende cómo en un pronunciamiento de pocos párrafos se indica como un grave peligro para la Patria el que los funcionarios (entre ellos los militares) pudieran tener que aprender el idioma propio de las regiones de España adonde sean destinados, pues sería «discriminatorio». Mena refleja fielmente el desdén de buena parte de las sociedad española por el aprendizaje de idiomas, sean nacionales o extranjeros. (Copyright IPS) *

 

(*) Joaquín Roy es catedrático ‘Jean Monnet’ y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.