Investigarán al FMI por financiar a la dictadura militar

La resolución del máximo tribunal siguió en pocos días al anuncio de Néstor Kirchner sobre el pago total de la deuda al Fondo con el propósito de aumentar sus márgenes de autonomía. Los jueces supremos adhirieron a un dictamen de la Procuración General de la Nación que proponía iniciar un expediente judicial «ante la gravedad de los hechos denunciados» por los ex legisladores Vilma Ripoll, Mario Cafiero y Patricia Walsh. Los tres no pudieron renovar sus bancas en octubre como candidatos del Movimiento Socialista de los Trabajadores de tendencia trosquista.

La presentación se hizo en setiembre dentro del marco de la campaña electoral de renovación legislativa. Entonces reclamaron de la Corte la necesidad de investigar y responsabilizar a «los funcionarios del FMI que en el país o desde el exterior prestaron algún grado de colaboración» para que la dictadura militar «obtuviera préstamos que endeudaron desmesuradamente a la Nación y le permitieron financiar los crímenes de lesa humanidad».

La ley permite a la Corte intervenir en los casos en que aparecen comprometidos funcionarios o representantes dotados de inmunidad, como los del Fondo. Con todo, los supremos, en sintonía con la Procuración, rechazaron su «competencia originaria» en el asunto por no estar «individualizados los autores» de los delitos denunciados. Pero aun así dieron una instrucción precisa para que la Justicia federal comience una pesquisa que, a futuro, podría volver a la Corte. La resolución fue firmada el 20 de diciembre por todos los miembros de la Corte, que ahora son 7 pero hay dos vacantes, pero sus términos trascendieron casi con el ocaso de 2005.

Los denunciantes advirtieron que el FMI fue «llamativamente flexible con el gobierno militar, no sólo consintió en silencio su desproporcionado nivel de endeudamiento, sino que lo facilitó».

«Los organismos internacionales de crédito están sometidos al derecho internacional y pueden ser imputados como responsables de las violaciones en el campo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales», agregaban. «La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que se aplica a los crímenes cometidos durante la dictadura, se debe extender a quienes la financiaron. Para nosotros son partícipes necesarios. La dictadura no se podía sostener sin los préstamos externos. Hizo dos acuerdos: uno en agosto de 1976 y otro en julio de 1977″, señaló Cafiero al diario Página/12.

«La decisión de la Corte es un paso adelante, aunque nosotros esperábamos que se abocara directamente al tema. Ahora debe haber una investigación amplia, empezando por el Fondo», añadió.

Datos claros. Al iniciare 1976, año del golpe de Estado la Argentina debía al exterior 6.000 millones de dólares. Pero cuando la dictadura se desmorona en 1983 era de 46 mil millones. En el trabajo «Reflexiones sobre la deuda externa», el economista Miguel Teubal señala que parte de los créditos, se utilizaron para el Mundial de fútbol de 1978, para preparar la guerra con Chile esos años, construir alguna autopista y extender la red gasífera.

Dice que 31 mil millones que terminaron en actividades financieras y fuga de capitales. Ahora la Justicia  el juez a cargo aún debe ser sorteado  tiene la chance de desentrañar el financiamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. Una resolución casi silenciada en la prensa local *