Recomiendan juicio político contra Ibarra, el jefe porteño

Ayer, como anticipándose a ese dictamen, se difundió un documento de numerosas personalidades incluso de organizaciones defensoras de derechos humanos, sosteniendo «rechazamos cualquier manipulación política de la tragedia» de la noche del 30 de diciembre donde en esa disco actuaba antes una desbordada multitud el grupo de rock «Callejeros».

¿Hay manejo político del drama? Para los que firman el documento sí, y acusa a «la derecha que apela a mecanismos miserables y antidemocráticos montándose sobre el dolor», de familiares y amigos de las víctimas, casi todos ellos jóvenes.

Una de las objeciones clave es cuestionar la legitimidad de la Comisión que hoy dará el dictamen por carecer de pluralismo. Casi la mitad de sus integrantes debió dimitir por ser cuestionados por los familiares de las víctimas, con lo que quedó actuando con la presencia de enemigos políticos del jefe de gobierno.

De suyo, la difusión de las acusaciones hará que Ibarra y algunos de sus colaboradores sentirán el impacto, pero el criterio de «La Nación» es que «difícilmente vería afectada inmediatamente la estabilidad de sus instituciones».

Es que el dictamen no podrá contener un veredicto vinculante porque la Constitución no le otorga tal facultad a la comisión investigadora.

Así es que por muy duro que resulte el texto, su recomendación no implicará más que un sacudón mediático pero que no genera los temores de los primeros meses del año una crisis política que parecía eterna.

Para que Ibarra sea suspendido mediante el procedimiento de juicio político se necesitarían 30 de los 45 votos que componen la Sala Acusadora (que sólo se conformaría si esto avanza). En el gobierno local entienden que están en condiciones de evitar que se sumen tantos votos en contra de Ibarra y su continuidad no correría peligro, según el citado matutino.

La Sala Acusadora, que entra en escena sólo en una segunda etapa, cuenta con poder para suspender al jefe de gobierno. La actual comisión investigadora, en cambio, sólo recomienda o sugiere. Esta diferencia otorga cierto grado de tranquilidad al ibarrismo, que no controla a la comisión, pero que supone que sí puede diluir la capacidad de daño de la Sala Acusadora, a juicio de «La Nación».

No obstante habrá que medir el impacto de como se transmita el reclamo. Un escenario ominoso sería que la sociedad tomara e hiciera propias las acusaciones de la comisión investigadora. Hasta ahora, en la Ciudad consideran que la mayor parte de la sociedad se mantuvo distante de la crisis, y suponen que perder ese handicap resultaría excesivamente peligroso.

El documento difundido en la víspera firmado por personas conocidas y respetadas de todos los ámbitos, apunta precisamente a deslegitimar la actuación de los legisladores porteños que pretenden enjuiciar a Ibarra y a abortar una posible mala predisposición de la sociedad.

Es un tour de force político, y que de algún modo ingresará en la campaña electoral en la Capital Federal porque en octubre eligen en este distrito 13 diputados nacionales y 30 locales. Según como cale el reclamo de castigar a Ibarra por supuestamente haber violado los deberes de funcionario público, así su nombre estará en la verba de los partidos.

En todo caso, está el proceso judicial que tiene encartados a pocos funcionarios de la administración, al responsable de la disco, Omar Chabán y a uno de sus colaboradores y al grupo de rock «Callejeros», entre otros. *