Frágil tregua social comenzó a tambalear ayer en Bolivia

Rodríguez enfrentaba la amenaza de los poderosos sindicatos cocaleros que exigen la convocatoria a asamblea constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos y del influyente comité cívico de Santa Cruz que urge mantener para agosto la fecha de elección de prefectos y un referendo sobre autonomías.

Las juntas vecinales de la combativa ciudad de El Alto, que ostenta los mayores índices de pobreza del país, ponían también en riesgo la frágil tregua social vigente con la advertencia de que convulsionarán otra vez a su vecina La Paz si el Congreso no autorrevoca el martes su mandato.

«Quiero advertir que si volvemos a prender el fuego de las controversias, todos nos vamos a quemar. Podemos saltar a un vacío que no tiene fondo. Si avanzamos en la crisis sólo vamos a tener más crisis con más consecuencias», advirtió la víspera el presidente provisorio Eduardo Rodríguez.

«Lo único que yo invoco e insisto mucho: solamente en un criterio de conciliación y reconciliación y de cesiones mutuas, vamos a poder encontrar un destino común», reflexionó ante la gravedad de la situación.

Bolivia vivió momentos de fuerte tensión a fines de mayo y principios de junio con un asedio intensivo a la ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que padeció el desabastecimiento de alimentos, la falta de transporte por escasez de combustible y la carencia de gas licuado para uso doméstico.

El centro de La Paz fue escenario durante esas dos semanas de masivas manifestaciones en demanda de la estatización del gas y la asamblea constituyente, una agenda opuesta a la sustentada por el comité cívico empresarial de Santa Cruz que prioriza el referendo de autonomías y la elección de prefectos (gobernadores).

Tras dos semanas de descomprensión social, parcialmente alentada por la dimisión del presidente Carlos Mesa y la posesión de su sucesor, Eduardo Rodríguez, que asumió el pasado 9 de junio con la misión de convocar a elecciones posiblemente en diciembre, el descontento pareció exacerbarse.

El gobierno discute un plan para unir para diciembre las elecciones generales y prefecturales, decisión que implicaría la renuncia de los legisladores a su mandato, que expira en 2007, y retrasar en cuatro meses la consulta para elegir prefectos.

«Hay una base de voluntad muy interesante que nos lleva a pensar que el Congreso va a definir por convocar a elecciones generales, esto es presidente, vicepresidente, senadores y diputados, por lo menos ese es el sentir que he advertido en las diferentes conversaciones y reuniones que hemos tenido», admitió el jefe de Estado.

Santa Cruz, que recibió adhesión de Tarija, Beni y Pando, se opone al plan y amenaza con realizar un referendo autonómico de facto junto con la elección de prefectos (gobernadores) el 12 de agosto próximo.

Ante el rebrote de las exigencias, el gobernante anunció avances «no solamente en términos de las elecciones generales sino de esas otras aspiraciones, entre ellas elección de prefectos, autonomías, asamblea constituyente e hidrocarburos».

«En ese ánimo yo quiero invocar a todos, sobre todo a quienes quieren apurar algunas determinaciones, que tengan un poco de paciencia y sobre todo ese sentimiento de reconciliación y de que seamos capaces de no insistir cada uno en su pretensión sino de llegar juntos a buenos acuerdos», concluyó. *