El nuevo presidente boliviano afronta desafío autonómico de Santa Cruz

El departamento de Santa Cruz, pulmón económico de Bolivia, insiste en convocar a un referendo el próximo 12 de agosto para dotarse de un régimen autonómico, lo que se convierte en un gran desafío para el gobierno transitorio del flamante presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez.

El presidente del Comité Pro-Santa Cruz, Germán Antelo, confirmó la fecha del referendo autonómico de facto aun con el nuevo gobierno de Rodríguez, que asumió el jueves, que abrió paso a un proceso de distensión política y social en el convulsionado país sudamericano.

«Mantenemos todo», dijo Antelo y aseguró que esa organización cívica que impulsa la autonomía del departamento de Santa Cruz no tiene previsto reunirse «por ahora» con el nuevo mandatario.

Santa Cruz se ha convertido en la locomotora del proceso autonómico, que es seguido por otros tres departamentos: Tarija, Beni y Pando.

Este proceso autonómico en el este del país amenaza con convertirse en un grave conflicto nacional, porque en el fondo está en discusión el destino de los hidrocarburos, cuyas reservas de 48,7 trillones de pies cúbicos, la segunda en Latinoamérica, se asientan básicamente en esa región.

La fuerte convulsión social de mineros y campesinos en las tres últimas semanas en la empobrecida región occidental y andina del país tuvo como demanda central la nacionalización de los hidrocarburos, pero los poderosos empresarios de origen europeo de Santa Cruz rechazan enfáticamente la iniciativa.

Antelo, el principal dirigente civil de Santa Cruz, sostuvo que el país ya se pronunció en el referendo de 2004 en el sentido de que «quiere el 50% en impuestos y regalías» de la actividad hidrocarburífera e incluso desestimó una encuesta, difundida el domingo, que consignó un apoyo mayoritario en todo el país a la nacionalización de ese recurso.

La ley petrolera votada en mayo pasado mantiene un 18% de regalías para el Estado sobre los recursos y aumenta el impuesto de 16% a un 32% no deducible.

Además recupera para el Estado la propiedad de los hidrocarburos en punto de producción y refunda la compañía estatal de petróleos para que participe, junto a las privadas, en la producción y comercialización de hidrocarburos. *