Decreto del presidente Mesa aumenta la tensión en Bolivia

Urgido por el clima de desborde social, Mesa convocó la víspera por decreto a la elección de constituyentes «en las formt

as y modalidades de elección establecidas en la ley especial mencionadas al efecto» y al referendo «en las condiciones que establezca el Congreso nacional».

Esto en medio de presiones desde hace dos semanas para que se pronunciara en uno u otro sentido, lo que le llevó a optar por las dos opciones.

Fundado en la certidumbre de que «el país está viviendo un momento de extrema urgencia», Mesa expidió el decreto de convocatoria que ya ayer viernes fue rechazado por los autonomistas de Santa Cruz que insisten en que el referendo debe hacerse el 12 de agosto.

«El referéndum vinculante departamentalmente se realizará el 12 de agosto. Junto con la elección de prefectos. Junto con los departamentos que así ya lo decidieron y con todos aquellos que quieran sumarse», anunció el comité cívico-empresarial Pro Santa Cruz (CPSCZ).

Como si faltaran elementos a la crisis, la convocatoria por decreto de Mesa generó además una fuerte polémica sobre si ésta es constitucional o no.

«El decreto supremo es constitucional y no está violando ninguna ley», retrucó a las ácidas críticas el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón.

El gobierno interpreta que el presidente puede hacer la convocatoria por decreto a la espera de la confirmación del Congreso.

Según los críticos, Mesa podría verse en problemas si se comprueba que infringió el artículo 31 de la Constitución: «Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley».

Alarcón basó la defensa de la decisión presidencial en un antecedente similar de convocatoria por decreto del referendo del gas, en julio de 2004.

«En ese momento, el Poder Ejecutivo adelantó la convocatoria con un decreto y además fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional; posteriormente el Poder Legislativo tuvo que intervenir para complementar los detalles necesarios para la aplicación de ese decreto», explicó.

En todo caso, «ahora le toca al (Poder) Legislativo establecer todas las características y las condiciones», apuntó.

Las reacciones no se hicieron esperar.

Para el empresario Gabriel Dabdoub, «el presidente ya no responde a los bolivianos. Tiene el deseo de seguir gobernando. Esto no se hace atropellando, como lo ha hecho ahora, al Congreso. Con este decreto, el presidente Carlos Mesa está violando la Constitución. Está haciendo un ‘fujimorazo'».

Mientras tanto, el líder opositor Evo Morales señaló que el decreto «es totalmente extemporáneo. Sólo es un decreto supremo para desinflar y desmovilizar a todo el pueblo boliviano. Es ilegal. ¿Qué pasa si el Congreso no lo ratifica?, el decreto no sirve para nada», dijo.

Además del debate legal, los sectores populares rechazaron la convocatoria presidencial en las calles de La Paz con ruidosos mítines y marchas.

También el cívico-empresarial Comité Pro Santa Cruz (este de Bolivia) ratificó en un comunicado la convocatoria de facto a referendo para el 12 de agosto, en contraposición al decreto de Mesa, que lo fijó para el 16 de octubre. *