Crisis política en Ecuador: masivas protestas populares

Unos mil partidarios de la denominada Asamblea de Quito, que aglutina a sectores sociales, políticos y de la producción opositores al gobierno, también marcharon pacíficamente con la intención de arribar hasta el Parlamento, siendo reprimidos por la fuerza pública con bombas de gas lacrimógeno.

La protesta de la Asamblea de Quito, en la que participan el prefecto de la provincia andina de Pichincha (cuya capital es Quito), Ramiro González, y el propio alcalde de la capital ecuatoriana, Paco Moncayo, se mantenía a una cuadra del Congreso, al que exige el cese de la CSJ calificada de «ilegal, inconstitucional, espuria y de facto».

«El Congreso tiene que suspender esta situación de angustia que vive el país. Que se vaya la Corte», expresó Moncayo.

Paralelamente unos 4.000 estudiantes de la Universidad Católica se vistieron de negro en señal de luto por lo que consideran la desaparición del Estado de derecho, y marcharon de manera pacífica hacia la sede del unicameral Congreso, en el centro moderno de la ciudad.

Empero un fuerte resguardo policial impidió que los universitarios, que además piden la partida del presidente ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, llegaran hasta el Legislativo.

Los empleados judiciales también volvieron a protagonizar una manifestación frente a la CSJ, en el norte. El cuestionado presidente de la Corte, Guillermo Castro, ordenó a la Policía que impida el ingreso incluso de los propios magistrados, algunos de los cuales reclaman su destitución.

En contraste a las protestas pacíficas, estudiantes del colegio Mejía, ubicado cerca del Legislativo, protagonizaron disturbios y se enfrentaron a pedradas con los uniformados.

Según la Cruz Roja Ecuatoriana las manifestaciones del martes en los alrededores del Congreso dejaron unas 100 personas afectadas por el gas lacrimógeno y doce contusos, entre ellos el concejal municipal Antonio Ricaurte.

La oposición al presidente Gutiérrez reclama al Parlamento que cese a la CSJ, la cual fue reestructurada mediante una simple resolución por una mayoría de legisladores afín al Ejecutivo el 8 de diciembre pasado, generando preocupación nacional e internacional.

Los legisladores no logran ponerse de acuerdo para cesar a los 31 magistrados, a pesar de que el mismo Gutiérrez les propusiera el cese inmediato de la CSJ y reformas para establecer nuevas reglas para la designación de los miembros del poder judicial.

La crisis empeoró debido a que Castro anuló los procesos penales por supuestos hechos de corrupción contra ex gobernantes, lo cual permitió que los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Alberto Dahik retornaran al país el pasado fin de semana.

Entretanto, Gutiérrez, que ante la situación nacional suspendió un viaje a el Vaticano para los funerales del Papa, es calificado por la oposición de «dictador» y de concentrar poderes del Estado violando la Constitución. *