Argentina estudia indemnizar a los exiliados políticos durante dictadura

El alcance de la iniciativa se remonta a 1974, porque tiene en cuenta que los exilios comenzaron con la ola de crímenes políticos que precedió al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, e incluye entre los beneficiarios a niños nacidos en el exterior de padres que se vieron forzados a dejar Argentina.

«El exilio generó desarraigo en miles de compatriotas, la pérdida de su identidad, la interrupción violenta de todas sus actividades de la vida cotidiana, la ruptura de sus lazos familiares», dijo el senador Marcelo López Arias, del gobernante Partido Justicialista (PJ, peronismo), autor del proyecto.

López Arias es un abogado que en tiempos dictatoriales defendió presos políticos y gremiales, y como legislador fue el impulsor de la ley que indemnizó a los familiares de los detenidos-desaparecidos durante el régimen militar, que según organizaciones de derechos humanos llegaron a 30.000.

El texto tiene como antecedente un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aprobó indemnizar a Susana Yofre de Vaca Narvaja porque durante la dictadura debió refugiarse con su familia en México.

El proyecto fue aprobado por virtual unanimidad en la Cámara Alta, pues sólo se abstuvo Rodolfo Terragno, de la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), debido a que él mismo fue un exiliado. Terragno adelantó que no reclamará su indemnización.

Sin embargo, anticipos de la prensa local indican que el tratamiento de este tema en la Cámara de Diputados no será un mero trámite.

La inicitiva cuenta con el beneplácito de los legisladores de la minoritaria izquierda y de amplios sectores del ecléctico justicialismo en el gobierno o de la oposición socialdemócrata y de centro, donde predominan posiciones de defensa de los derechos humanos, pero es cuestionado desde la derecha.

«Todos sufrimos la dictadura y no por eso el Estado nos tiene que indemnizar. Además, ¿por qué se beneficia sólo a las víctimas de la dictadura y no a las víctimas de la subversión?», dijo por ejemplo el diputado Ricardo Cantini, quien llegó a la cámara por un partido fundado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, hoy disperso.

La peronista Inés Pérez Suárez, por su parte, ex secretaria de Derechos Humanos del presidente Carlos Menem (1989-1999), el mandatario que indultó a los jerarcas de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad, dijo que el proyecto «no es prioritario».

Uno de los aspectos que más polémica genera es establecer quiénes serán los beneficiarios, materia que fue objeto de rigurosos requisitos por parte del autor.

El dirigente peronista Jacinto Gaibur, quien estuvo exiliado en Suecia, consideró que apenas 10% de quienes debieron irse del país podrán acreditar tales circunstancias.

La diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, dijo que apoyará el proyecto pero intentará modificarlo en su tratamiento en comisión, «para que aquellos que tienen dificultades para probar su condición de exiliados puedan acceder al beneficio». *