Carlos Mesa amenaza con enviar a la cárcel a quienes corten rutas

El mandatario declaró que aplicará «la apertura de investigación, juicio y eventual detención de quienes están cometiendo actos sediciosos, delitos y vulnerando los derechos ajenos al interrumpir el libre tráfico en el país».

«Vamos a trabajar con la Justicia para que las personas que llevan adelante estas acciones sean juzgadas y eventualmente llevadas a la cárcel por romper la norma constitucional», reveló en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en el palacio de Gobierno.

El mandatario, ratificado la víspera en el cargo tras un acuerdo político, descartó sin embargo la posibilidad utilizar los medios que la Constitución le confiere para reprimir las protestas sociales violentas, como el uso de la fuerza militar.

El anuncio es la primera reacción oficial a la alianza formada por el diputado y líder cocalero Evo Morales con el dirigente sindical Jaime Solares y el líder campesino Felipe Quispe para impulsar un frente contra «la oligarquía y las transnacionales que representa el presidente» Mesa.

Morales, Solares y Quispe, que suscribieron este miércoles un documento de «unidad nacional», fueron los promotores de la rebelión popular que precipitó la caída del presidente y empresario liberal Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

«Los bloqueos no son un camino que hoy los bolivianos acepten», dijo el mandatario. Sin embargo, «voy a hacer el máximo esfuerzo para lograr el tema de los bloqueos por la vía del diálogo», reiteró.

El jefe de Estado consideró que las amenazas con evitar la aprobación de una ley de hidrocarburos que no responda -en su opinión- al interés nacional son «un intento del señor Morales de marcar una línea de presión y de presencia política».

Mesa, enfrentado frontalmente con el movimiento sindical, fue crítico con Solares, de quien dijo que «carece de la más mínima condición para dirigir lo que fue una institución que tuvo líderes históricos de talla latinoamericana como Juan Lechín Oquendo», en principal referente sindical de Bolivia.

«Lamentablemente una conducción absolutamente falta del más mínimo criterio, del más mínimo sentido ha hecho que la Central Obrera Boliviana (COB) pierda totalmente su base y su racionalidad», atacó.

«Es una verdadera pena que la Central Obrera esté en manos de una persona tan descalificada», finalizó.

Morales aseveró que «las movilizaciones van a continuar, porque fundamentalmente son para hacer aprobar la ley de hidrocarburos con 50% de regalías para el Estado. El momento que el Congreso apruebe esto, recién pararán las movilizaciones».

El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, aseguró ayer miércoles que la aprobación de una polémica ley de hidrocarburos, a pesar del descontento de la oposición, impulsará una «verdadera explosión de despegue económico» en los próximos tres años.

«La ley de hidrocarburos (en discusión en el Congreso) libera todo un conjunto de inversiones y exportación de gas boliviano que en los próximos tres años cambiará el horizonte económico del país», expresó.

El pronunciamiento presidencial, esbozado en una cita con corresponsales de la prensa extranjera, respondió a críticas de la oposición a un acuerdo político que viabilizará en el Congreso la aprobación de la nueva legislación y otras disposiciones como un referendo sobre autonomías y una asamblea constituyente.

La Cámara de Diputados discute hace cinco meses un proyecto de nueva ley de corte nacionalista propuesto por su comisión de Desarrollo Económico, tras desestimar otro redactado por el poder Ejecutivo. Pero tras el acuerdo político alcanzado el martes, que también ratificó a Mesa en el cargo, el texto podría ser actualizado.

La propuesta de la comisión -avalada ampliamente por el líder opositor Evo Morales y calificada por Mesa de «inviable e imposible hacia la comunidad internacional» por considerar que ahuyentaría las inversiones extranjeras- plantea elevar unilateralmente el pago de regalías, del actual 18% a 50%.

El gobernante propugna, en cambio, mantener el 18% de regalías y crear un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) del 32%, fórmula que no satisface a Morales y tampoco es vista con buenos ojos por las petroleras. *