Más de 500 uruguayos se presentaron para regularizar sus papeles en España

Así lo anunció en el Senado el ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, precisando que el 37% de las solicitudes de regularización recibidas corresponden a empleados domésticos, los únicos que pueden hacer el trámite personalmente.

En el resto de los sectores, es el empresario o empleador quien debe presentar la solicitud, recordó Caldera, que se declaró «satisfecho» por el desarrollo del plan de regularización –que podría beneficiar a medio millón de extranjeros– en un marco de «normalidad absoluta» que «está por encima de nuestras previsiones». Caldera precisó que el 63% de los expedientes de normalización fueron presentados en las comunidades de Madrid (centro), Cataluña (noreste) y Comunidad Valenciana (este).

En la primera semana se registraron 1.800 solicitudes. En la segunda 4.700 y en la tercera 7.000, indicó el titular de Trabajo, antes de precisar que los ciudadanos de Ecuador y Colombia encabezan la lista con 13.431 y 6.350 demandas respectivamente. Detrás se ubican marroquíes (5.756) y rumanos (5.242) argentinos (1.049), ucranianos (881), uruguayos (508), bolivianos (477) y chinos (415). El ministro destacó que el 98% de las demandas fue admitido a trámite y que sólo el 0,38% fue rechazado, básicamente porque el solicitante carecía del certificado de empadronamiento, que debe estar fechado antes del 7 de agosto de 2004 inclusive, o el de antecedentes penales de su país de origen que debe estar limpio.

Caldera alentó a los empresarios y a los inmigrantes a aprovechar este proceso extraordinario que concluirá el 7 de mayo venidero, pues advirtió que después se pondrá en marcha un intenso plan de verificación para combatir las relaciones de trabajo fraudulentas.

«Les pido que aprovechen esta oportunidad porque a partir de esa fecha la tolerancia será cero con quienes se aprovechen de la fuerza de trabajo de forma ilegal», afirmó el ministro español.

Numerosas entidades de inmigrantes advirtieron el miércoles que hasta un 25% de los trabajadores inmigrantes sin papeles quedarán fuera del proceso de regularización si sólo se exige –como uno de los requisitos– el certificado de empadronamiento.

La asociación ecuatoriana Rumiñahui, ARI-Perú, y la Asociación de Trabajadores Marroquíes (ATIME), pidieron al gobierno que arbitre «mecanismos de protección para los inmigrantes frente a algunos empresarios irresponsables que evaden su obligación», según un comunicado conjunto.

Al ser interrogado al respecto, el ministro de Trabajo dijo que «se investigarán de inmediato» tales denuncias, aunque consideró que son «minoritarias». *