Brasil lanza ofensiva para frenar depredación y violencia en Amazonia

El presidente Luiz Inácio da Silva envió el jueves al Congreso un proyecto de ley para la gestión de forestas públicas y creación de un servicio forestal que prevé la atribución de tierras a actividades agroforestales sustentables, sin cesión de la propiedad del suelo.

El mandatario anunció también la creación de cinco unidades de preservación ambiental de 5,2 millones de hectáreas y de una zona de 8,23 millones de hás. en la cual se prohíbe, por seis meses prorrogables, cualquier nueva actividad forestal.

En esta zona (una superficie similar a la de Austria), situada en el sudeste del estado de Pará, se procederá a la verificación de títulos de propiedad existentes para destinar las tierras a actividades agroforestales sustentables, una vez aprobada la ley enviada al Congreso.

Este dispositivo apunta a frenar «una dinámica depredadora extremadamente acelerada», a causa de la valorización de tierras provocada por los proyectos de asfaltado de la carretera que va de Santarén (puerto sobre el Amazonas) a Cuiabá (centro-oeste), explicó a la AFP el secretario general de Biodiversidad y Florestas del Ministerio de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco. Entre las unidades de preservación ambiental figura la denominada Tierra del Medio (entre los ríos Xingú y Tapajós), una reserva ecológica de 3,37 millones de hectáreas (del tamaño de Bélgica), objeto de arduas disputas entre ‘grileiros’, como se denomina a los invasores profesionales a gran escala de tierras públicas.

En Pará, Lula también creó un parque nacional (preservación integral del medio ambiente) de 445.392 hectáreas.

El dispositivo se completa con una reserva de 325.602 hectáreas entre los estados de Acre y Amazonas, explotable sólo por sus comunidades originarias, y con dos zonas de Bosques Naturales (para explotación sustentable de madera) en Amazonas y Roraima, de 802.023 y 259.550 hectáreas respectivamente.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, dijo que los asesinatos en una semana de la misionera católica Dorothy Stang, 74 años, defensora del medio ambiente y los sin tierra, y de dos agricultores y un sindicalista, precipitaron el anuncio de las medidas en algunos días, pero que no se trata de una respuesta improvisada.

El gobierno aprobó el año pasado un plan denominado «Amazonia Sustentable», para combinar las necesidades de preservación de la selva y de desarrollo económico.

Ese plan se presenta como alternativa a la explotación salvaje que comienza con las talas de árboles de maderas preciosas, seguidas por las quemas que arrasan enormes espacios para las actividades ganaderas o agrícolas.

Las quemas devoraron en 2003 un total de 23.750 km

Según Capobianco, el auge de la violencia en la región «ya es una reacción de grupos contrarios al conjunto de medidas que se proponen ordenar el uso y la protección de los recursos naturales en la Amazonia».

Descartó sin embargo un recrudecimiento de esas acciones, diciendo que el envío de 2.000 soldados a Pará, decidido tras los asesinatos, pretende «fortalecer las acciones de quienes ya están en la región operando en detrimento de grileiros y deforestadores».

Joao Meirelles, autor de un «Libro de oro de la Amazonia», una Biblia en la materia, consideró «muy positivas» las medidas adoptadas por el gobierno, aunque se preguntó si serán cumplidas, ante su falta evidente de medios para controlar lo que ocurre en regiones convertidas en tierra de nadie.

Sus dudas se refieren sobre todo al control de los 8,233 millones de hectáreas situadas al borde de la carretera Cuiabá-Santarén, por la cual deberá extraerse la producción agrícola del rico centro-oeste del país hacia el Atlántico. *