Kirchner ordenó intervenir la Policía Aeronáutica

Así un tema de narcotráfico, de suyo grave, se convirtió simultáneamente en un problema político porque horas antes el ministro de Defensa, José Pampuro, había respaldado a la Fuerza Aérea en una conferencia.

Se trata de un fuerte gesto presidencial y de un indicador de que el caso superó la crónica policial para meterse de lleno en la política, sobre todo en las cuestiones de seguridad o corrupción, en tanto que la Justicia indaga sobre la red que pudo enviar cocaína en escala a Madrid.

La Policía Aeronáutica Nacional (PAN) depende de la Fuerza Aérea y estaba dirigida hasta ahora por el brigadier Miguel Giaigischia, quien fue designado por el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Carlos Alberto Rohde.

Sus funciones y competencias incluyen «prevenir y reprimir el contrabando», así como también «prevenir, investigar y reprimir delitos y faltas» y «controlar o verificar personas, aeronaves, tripulaciones y cosas transportadas».

Giaigischia había asegurado que el personal de narcotráfico en Ezeiza está integrado por doce personas, cuestionando la cantidad de personal de la que disponía para tener controles fuertes. Así, el escándalo por los 60 kilos de cocaína que fueron enviados en un vuelo de Southern Winds (SW) cobra vuelo especial y esto no es una metáfora. La empresa acusó al Estado de haber fallado en los controles y de resguardar pruebas. Desde la PAN alimentaron las sospechas hacia la compañía. Ezeiza forma parte de la red de aeropuertos concesionados a Eduardo Eurnekian.

Hay muchas más cosas. Por caso, el comodoro Alberto Beltrame, jefe de la base militar de Ezeiza, deberá revertir la carga de la prueba y demostrar su inocencia por el eventual delito de su hijo Walter (prófugo desde fines de diciembre) cometido en un lugar que estaba bajo la custodia directa del padre.

El juez Carlos Liporace, quien tiene el expediente, cree, con lógica, que el envío de cocaína por casi tres millones de euros a Madrid no debe ser el primero. El tiene sus propios problemas.

Por lo pronto el nombre de un testigo de identidad reservada apareció con todas sus señas en la prensa. Se trata de uno de los dueños de línea aérea involucrada, Southern Winds, Cristián Maggio. Ahora bien: ¿por qué hizo una tardía denuncia ante la Justicia como testigo de identidad reservada, cuando el delito que estaba denunciando involucraba a su propia empresa? «¿Por qué necesitó preservar su identidad? ¿Tenía acaso motivos para temer una represalia?», se pregunta «La Nación».

Otra vez los controles

Parece evidente que esa filtración es un mensaje mafioso o para demostrar que el Estado argentino no puede evitar contrabando ni preservar la protección y el secreto de potenciales testigos contra el tráfico de drogas.

El caso tiene especial relieve: 60 kilos de cocaína pura (la misma cantidad que la Aduana decomisó en un año) pudieron salir de Ezeiza y llegar al aeropuerto de Madrid. Demasiados controles han fallado y permite por caso a los norteamericanos, que del asunto sacan provecho, que en Argentina no se cumplen reglas básicas de lucha contra el flagelo.

La empresa Southern Winds deberá explicar por qué muchos de sus empleados en el aeropuerto internacional tuvieran tanta vinculación con el tráfico de drogas, o por qué entregó a terceros la seguridad y el control de los equipajes, un aspecto crucial del negocio aeronáutico en el mundo actual. Según Página/12, en esa tercerización tallan elementos vinculados al aparato de terror de los ’70.

La prensa ha escrito que servicios de inteligencia extranjeros ya habían advertido al gobierno sobre las prácticas poco claras de la empresa. Incluso, un ministro del gobierno nacional se manifestó extrañado, hace poco, por la insistencia de esta empresa en realizar vuelos al extranjero cuando sólo comenzaba a consolidarse en el mercado interno.

Las cuatro valijas que viajaron a Madrid debieron pasar por los escáneres (en manos de la empresa, aunque supervisados por la Policía Aeronáutica) y nadie se dio cuenta de nada ni entendió nada cuando observó el interior de las maletas. Otra posibilidad es que los bártulos hayan llegado a la bodega del avión sin haber pasado por los escáneres, con lo que la línea de complicidades privadas y públicas sería de una escandalosa amplitud.

El comentarista de «La Nación» Joaquín Morales Solá escribe: «¿Qué habría sucedido si en lugar de drogas esas valijas hubieran llevado explosivos? El juez Carlos Liporace ha dicho que, en tal caso, «estaríamos hablando de 300 muertos y no de 60 kilos de cocaína».

En efecto, las valijas viajaron sin pasajeros a bordo de la nave, lo que, por elementales razones de seguridad, está prohibido. ¿Cómo pudo ser posible semejante infracción en el principal aeropuerto internacional del país?

Hay mucho más, como que desaparecieron todas las filmaciones de 150 cámaras de grabaciones de Ezeiza, correspondientes al día del embarque de las valijas (que podrían identificar al que las despachó), lo que permite sospechar más de una eficiente maquinaria para delinquir que de la improbable casualidad.

Y porque nadie retiró en Madrid las valijas se pudo detectar una red de tráfico de drogas seguramente más antigua, como lo asevera el propio juez.

Muy grave. *