Movilizan a dos mil militares brasileños en la Amazonia

El envío de los militares fue ordenado la noche del martes por el Gobierno «para garantizar el orden público y el estado de derecho» en Pará, donde la lucha por la apropiación ilegal de tierras públicas desencadenó el asesinato el sábado pasado de la misionera católica Dorothy Stang, a manos de sicarios.

Otras tres personas, dos dirigentes de sindicatos de trabajadores rurales y un campesino sin tierra, fueron asesinados desde el sábado en ese mismo Estado, conocido por ser el más violento del país en materia de conflictos agrarios.

Un contingente de 160 efectivos partió desde Belem (capital de Pará) mientras que efectivos en Manaos, en el vecino Estado de Amazonas, están listos para ser movilizados a la zona, confirmó un portavoz del Comando Militar de la Amazonaia, basado en esta última ciudad.

El Comando confirmó a la AFP que los militares «intensificarán la vigilancia en el sur de Pará». El despliegue será efectuado con el apoyo de helicópteros de la fuerza aérea.

Los militares patrullarán las calles de los municipios de Anapu, Paraopebas y Altamira y tienen previsto además realizar acciones de «pacificación», así como dar apoyo a los órganos de seguridad de la región, dijo el servicio de comunicación del Ejército brasileño.

También desarrollarán actividades de inteligencia para obtener información sobre los conflictos que oponen a pequeños agricultores con los ‘grileiros’, hacendados y madereros que se apropian de grandes extensiones de tierras públicas para explotarlas y consiguen títulos falsos de propiedad.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo estar «muy preocupado» por la situación en Pará y acortó la noche del martes su visita oficial a Surinam, por lo que su llegada a Brasilia está prevista para la tarde de este miércoles.

La religiosa Dorothy Stang, de 74 años, fue enterrada la tarde del martes en Anapu (municipio a 700 km de Belem, capital de Pará), tras haber recibido seis disparos la mañana del sábado último, cuando se dirigía a un campamento de campesinos sin tierra. Su muerte provocó una conmoción en la región, ya que Stang desarrollaba un proyecto de asentamiento de campesinos sin tierra, que apuntaba al desarrollo sostenible de la selva amazónica, en un área de 3.000 hectáreas, parte de las cuales era reivindicada por ‘grileiros’, que la habían amenazado repetidamente de muerte.

Según testimonios entregados a la policía, la misionera supo desde la víspera que iba a ser asesinada y visitó a sus sicarios, en un intento por convencerlos de abandonar sus planes.

La religiosa, que vivía hace 27 años en Brasil, fue enterrada el martes en medio de una multitud indignada que reclamó justicia al Gobierno, que respondió asegurando que el asesinato no quedaría impune.

Cuatro órdenes de prisión preventiva han sido dictadas contra dos pistoleros y dos ‘grileiros’, que se encuentran prófugos. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia católica afirmó el miércoles que actualmente en Anapu hay 40 personas amenazadas de muerte.

«Allí (en Pará) hay un estado paralelo del crimen organizado (…) son ellos los financiadores de las campañas políticas; hay un involucramiento del estado civil con el crimen y la impunidad», dijo en conferencia de prensa en Brasilia el presidente de la CPT, el obispo Tomás Balduino.

De acuerdo con la CPT, en todo el país se contabilizan 161 personas amenazadas de muerte por su lucha en contra del latifundio, siendo de ese total 6 religiosos y 9 miembros de la pastoral social. *