Gobierno brasileño atribuye a colonos ilegales asesinato de misionera

«Las órdenes de captura expedidas indican que son ‘grileiros’ (hacendados o madereros que se apropian fraudulentamente de tierras públicas y las explotan irracionalmente)», dijo en una conferencia de prensa el secretario de Derechos Humanos (con rango ministerial), Nilmário Miranda.

La justicia de Pará expidió cuatro órdenes de captura, contra los dos presuntos pistoleros y contra dos «grileiros», que serían los autores intelectuales del crimen.

El ministro de la Casa Civil (jefe de gabinete), José Dirceu, que también participó en la conferencia de prensa, prometió que el crimen no quedará impune.

La misionera, que trabajaba en Brasil desde hacía 27 años y se había nacionalizado brasileña, fue asesinada en la mañana del pasado sábado en el municipio de Anapu (a 700 km al sur de Belem, capital de Pará).

La religiosa, que era objeto de amenazas de muerte desde hacía varios años debido a sus proyectos de reforestación a cargo de campesinos sin tierra, recibió seis disparos de revólver, uno de ellos en la cabeza, según determinó la autopsia.

Dirceu reveló que un total de cien policías estaduales y federales están en la región buscando a los presuntos asesinos.

El involucramiento de la Policía Federal en el caso fue ordenado directamente por el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, para garantizar su esclarecimiento. La policía militar (encargada del orden público) y civil (de investigaciones) dependen en Brasil de los gobiernos de cada estado y son más susceptibles a la influencia de los poderosos locales.

El ministro reveló que pese a que Lula se encuentra realizando una gira por el exterior (Venezuela, Guyana y Surinam), se ha mantenido en permanente contacto telefónico siguiendo el desarrollo del caso.

Lula está decidido a no retroceder en su política ambiental y de tierras, enfatizó Dirceu.

«La monja fue asesinada en un momento en que con miles de trabajadores rurales se estaba discutiendo un plan de producción sustentado en tierras expropiadas por el gobierno a ocupantes ilegales», dijo el ministro para ilustrar la grave situación que por la disputa de tierras se vive en Pará, cuyo gobernador, Simao Oliveira, participó en la conferencia de prensa.

Con una extensión de 1.160.000 km

«La presencia del Estado ha sido precaria; recién en octubre pasado fue instalada en Anapu una comisaría de policía», dijo Miranda.

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, afirmó en la conferencia de prensa que «no habrá un retroceso ni de un milímetro en la política ambiental del gobierno, en la regularización de tierras y el saneamiento ambiental». *