Inminente purga en Servicio Penitenciario

La revuelta, que se prolongó por 24 horas y tuvo momentos de inusitada violencia, podría costarle el cargo a la titular del Servicio Penitenciario, Graciela Lucientes de Funes, quien el viernes ya había adelantado que será removida toda la cúpula de la unidad carcelaria, ubicada en un populoso barrio, a diez minutos en automóvil del centro de la capital cordobesa.

Los cambios involucrarán al director de la penitenciaría, subprefecto Daniel Corso, quien estuvo entre los 25 rehenes tomados por los rebeldes, fue liberado la tarde del viernes y está internado en el Policlínico Policial con escoriaciones, heridas y golpes.

«La única que no sabía de la posible revuelta era la conducción del Servicio Penitenciario», dijo una fuente oficial que solicitó el anonimato y que recordó el intento de fuga del anochecer del jueves, cuando numerosos reclusos intentaron huir en un camión y tres de ellos cayeron bajo fuego policial mientras que 13 fueron recapturados.

Las autoridades no descartan que en el episodio haya habido fugas y anticiparon que harán un reempadronamiento de internos, con la fotografía de cada uno en mano.

El viernes, personal de seguridad revisó durante todo el día las cloacas de las calles aledañas al penal, que fueron utilizas en otros intentos de evasión.

La rebelión -que pudo derivar en un baño de sangre porque los presos tenían armas blancas y de fuego y a 25 guardiacárceles como rehenes- puso una vez más en evidencia el problema carcelario, tanto de infraestructura como de otras condiciones de detención.

La prensa local consignaba el sábado que el Gobierno cordobés estaría dispuesto a comenzar a resolver el problema de raíz, con una mayor inversión en edificios carcelarios.

En el penal amotinado se hacinan unos 1.800 presos, cuando tiene capacidad para albergar a 900, una situación que se repite en otros establecimientos.

De la Sota tratará de avanzar en la construcción ya iniciada de una cárcel en la ciudad de Cruz del Eje con capacidad para 2.000 detenidos y con un costo de 44 millones de pesos (casi 15 millones de dólares).

También intentará lograr el apoyo del presidente Néstor Kirchner para levantar con recursos federales otro edificio de menos capacidad, anticiparon fuentes oficiales.

Pese a que en los alrededores del penal San Martín se restableció la tranquilidad, la situación en el interior sigue siendo «precaria», según el fiscal general Gustavo Vidal Lascano, quien en la noche del viernes informó sobre una «trifulca» entre dos internos, que resultaron con lesiones y fueron trasladados a un centro asistencial.

Numerosos periodistas solicitaron autorización para recorrer el establecimiento, pero las autoridades consideraron que aún no están dadas las condiciones de seguridad para hacerlo.

En el interior continúan los 1.800 internos, ya que no hubo traslados, y un amplio sector del establecimiento está inutilizado, con vidrios rotos, mobiliario y archivos quemados por los internos, según imágenes tomadas por los propios reclusos a través de cámaras proporcionadas por un par de canales de televisión de Córdoba.

Los reclusos -casi todos condenados y muchos de alta peligrosidad- se ensañaron en especial con la oficina del director del penal y con las oficinas administrativas. Los legajos médicos de los internos, por ejemplo, fueron quemados y la farmacia, saqueada. *