Ibarra sale a defenderse de las acusaciones
Motoriza a entidades amigas porque el Tribunal Superior le rechazó su petición de que se haga la consulta sin tener que reunirse las firmas, ya que él era el afectado. No, hay que reunir medio millón de firmas, le dijeron.
Pero la comuna como tal y menos su conductor no deben ni pueden hacer otra cosa que gobernar, no juntar almas para que el pueblo decida. Por eso se han reunido cerca de 200 ONGs que harán la faena con unas mil mesas en todo el distrito. Para llegar antes que después con las firmas necesarias, habrá que sudar y mucho. Algo así como 500 militantes estarán dedicados al objetivo una vez que el Tribunal Superior los próximos días habiliten a las organizaciones no gubernamentales que lo piden, a ponerse las pilas y conseguir las firmas.
Ibarra se muestra casi todos los días gobernando, sea inaugurando obras, sea controlándolas y aunque hasta ahora fue prudente en sus juicios por todo lo que se dice de su responsabilidad en la tragedia, ayer fustigó a sus adversarios.
Dijo que tuvo la «sensación» en la Legislatura, donde se presentó dos veces para dar su versión de la tragedia de República Cromagnon, que él había «prendido la bengala» que desató el incendio y «cerrado la puerta» de emergencia, que no estaba habilitada, para impedir que salieran los presentes.
«Acá hace muchos años, en el 85, hubo 78 muertos en un geriátrico, y la verdad que ninguno de los que estamos acá recuerda que haya habido algún cuestionamiento político», como los que debió afrontar en la sesión, realizada en dos jornadas, de la Legislatura.
¿Le corresponderían entonces sanciones judiciales? Ibarra declaró que la causa «está en manos de los jueces», a la vez que diferenció: «La Justicia corre por un carril, y lo que es la situación política, por el otro».
Ahora aguarda el referéndum y si lo pierde, matemáticamente difícil, ya que el 50% del padrón electoral debe expulsarlo, y no es lo que dan los sondeos y descoloca a sus enemigos, porque sólo hacer campaña por el no, moviliza gente. Incluso su archienemigo, Mauricio Macri, se abstiene de definirse sobre la realización del referéndum. En cambio, Raúl Alfonsín, que sigue siendo una voz oída en la Unión Cívica Radical, se opone a esa consulta.
Miles de firmas por día
Para lograr esa cifra en un mes y medio o dos meses, como pretenden las huestes de Ibarra, sus colaboradores calculan que deberán juntar de 8 mil a 10 mil por día. A esa cantidad, sin duda elevada, aspiran llegar con un amplio operativo en el que trabajarán las organizaciones de base y militantes de la centroizquierda.
La idea es que entre el lunes y el martes se resuelva la presentación. Pero el conjunto de alrededor de doscientas entidades en contacto con el gobierno quiere imponer como condición que si finalmente Ibarra logra legitimar su poder, se comprometa a encarar una reforma integral del Estado que «aumente la participación ciudadana en la definición de las políticas», según reza el borrador del documento que empezaron a definir para dejar sentada su posición.
Entre estas entidades no está la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que, como ya adelantó su titular, Estela de Carlotto, no participará de la recolección de firmas para el plebiscito a pesar de que semanas atrás denunció junto con un centenar más de ONGs un intento de desestabilización del gobierno local de parte de sectores de derecha.
Hasta ahora, el único autorizado a recolectar las firmas es el grupo encabezado por el abogado Fabián Bergenfeld, letrado de tres familias afectadas por la masacre. El Superior Tribunal no resolvió si cada elector autorizado (si habilita a otro) deberá reunir las 518 mil firmas en juego o si se suman las que consiga cada uno.
Formalmente se prevé un año para juntarlas, pero en el gobierno porteño pretenden tenerlas a más tardar en dos meses. Para eso, desde la Jefatura de Gobierno están diseñando una «organización reticular», para lograr unos mil puntos de recolección en toda la ciudad. «Ni el Estado ni el gobierno porteño van a jugar, pero sí algunos de sus miembros, que son cuadros militantes», aclaró a Página/12 uno de los hombres que trabaja al lado de Ibarra.
La apuesta del gobierno es llegar con las firmas en abril. *
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