Acusan a Carlos Menem por encubrir el caso AMIA

Lo hizo ayer ante los tribunales el secretario de la Unidad Especial de Investigación de la AMIA, Alejandro Rúa. Es la primera vez que se lo acusa directamente de encubrir o desviar datos en la causa.

La acusación surgió de un escrito de 154 carillas que Rúa dirigió al juez Federal Claudio Bonadío en la instrucción judicial iniciada con motivo del atentado a la AMIA.

La unidad investigativa, que depende del Ministerio de Justicia, también solicitó al juez Bonadío que cite a indagatoria al ex juez Galeano, y al ex ministro del Interior Carlos Corach.

Esto se conoció poco después que al juez federal Juan José Galeano, que hizo la instrucción de la voladura de la mutual judía AMIA y que terminó con la absolución de todos los implicados, se le instruyera juicio político por su mal desempeño en la causa y fuera suspendido por 180 días.

Otra acusación: posible comisión de delitos, según definió el consejo de la magistratura. El juicio político, que quedará en manos del jurado de enjuiciamiento de magistrados, deberá desarrollarse en 180 días. Si es destituido, deberá enfrentar las causas penales que se abrieron por irregularidades de la investigación del atentado contra la AMIA donde están implicados al menos, además, el ex secretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy.

El atentado de 1994, en pleno apogeo de Carlos Menem, arrastrará como se ve al ex presidente quien, además, tiene pendiente la investigación de un supuesto soborno de la inteligencia iraní para no inculpar a Teherán en la masacre, que dejó 86 muertos y casi dos centenas de heridos.

Galeano quedó seriamente cuestionado al cabo del juicio oral concluido el año pasado. El tribunal que juzgó a las personas que él había procesado como supuestos integrantes de la «conexión local» de los ignotos autores del atentado, no sólo absolvió a los acusados sino que formuló denuncias contra el juez, sus colaboradores y ex funcionarios menemistas, como los señalados.

Aquel tribunal óral precisó que Galeano habría «armado» en complicidad con el menemismo la acusación contra un grupo de policías bonaerenses. La principal prueba de ello son las negociaciones que hubo con el reducidor de autos Carlos Telleldìn, para que éste dijera que les dio a ellos la camioneta usada como coche-bomba.

Jueces federales en la mira

La declaración de Telleldín, por ese entonces el único detenido, valió 400 mil dólares y fue pagada con fondos reservados de la SIDE.

Este enjuciamiento de un juez federal es otro elemento que cuestiona la actuación de magistrados en ese fuero clave para la investigación sobre delitos de corrupción administrativa.

Es que la cuestión se puso de moda por los alcances que podría tener una reforma del Código Penal para que los jueces puedan dictar la prescripción de causas que, irónicamente, ellos mismos han dejado que duerman el sueño de los justos.

Ahora el presidente Néstor Kirchner activó el estudio de modificaciones a la ley que reformó el Código Penal para evitar que el nuevo régimen de prescripciones genere hechos irreversibles e impunes.

Kirchner recibió en su despacho al ingeniero Juan Carlos Blumberg, que se hizo notorio un año atrás movilizando a amplios sectores contra la ,tras el asesinato de su hijo Alex, lo que refleja la preocupación que generó la citada reforma del Código Penal sobre posibles impunidades y no solamente por causas de corrupción sino delitos comunes.

Con todo, la ley, promovida desde el Congreso, fue defendida por el Gobierno. Pero el impacto que generó la posibilidad de que prescriban varias causas emblemáticas lo lleva a analizar nuevas variantes.

La nueva norma, aprobada por todos los partidos con representación parlamentaria, acota los plazos de prescripción al eliminar la figura de la «secuela del juicio», un argumento que permitía a los jueces, hasta la sanción de esta ley, interrumpir los plazos de prescripción con varios y diversos argumentos.

Una búsqueda complicada

Para algunas fuentes de Gobierno, esto permitía a los magistrados mantener «cajoneados» varios expedientes sensibles. En el fuero federal sostienen que podría consagrar la impunidad en resonantes causas que involucran a ex funcionarios y a delitos contra el Estado.

Buscan una alternativa que mejore la sanción de esta ley, pero que al mismo tiempo acote los casos para interrumpir los plazos de prescripción.

Lo que aún no está claro es si el camino para resolver el tema es hacer una «ley interpretativa» o una «correctiva». Para algunos especialistas lo adecuado sería anularla y hacer una nueva.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández opina que el gobierno cree que la sanción de esta controvertida ley «buscó un aggionarmiento del Código Penal y la eliminación de esa figura ambigua» como es la secuela de juicio que ha permitido a los jueces interrumpir la prescripción y prolongar a veces en forma desmedida los procesos.

A la vez, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, reclamó al titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, que «promueva los actos procesales necesarios que garanticen la prosecución de los juicios y el castigo de los responsables», con el objetivo de «asegurar la sanción de los actos de corrupción en ejercicio de la función pública o vinculados con tal ejercicio».

Fleitas se presentará en cada una de las causas en las que la Oficina Anticorrupción es querellante y dirá que la nueva ley no tiene efecto retroactivo y sólo sirve para los nuevos casos.

Es dudoso por aquel principio de «la ley más benigna». Un tema delicado. *