Reforma procesal puede favorecer impunidad en Argentina

La duda a esta afirmación, de la que se hizo eco ayer el matutino «La Nación», es que fue aprobada por todos los bloques y que lo que quiere en rigor es apresurar el trámite de los juzgamientos porque «una Justicia lenta no es justicia».

El código penal establece que los delitos tienen un plazo de prescripción en caso de que la Justicia no se halla expedido. Dicho plazo sólo se veía interrumpido por ejemplo en el caso de que un juez emitiera un procesamiento, o que alguno de los imputados se declarara en rebeldía.

Pero el 16 de diciembre pasado el Parlamento sancionó la ley 25.990 que fija como únicas causales para la interrupción de la prescripción de un delito el primer llamado a indagatoria, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y una sentencia condenatoria.

De esta manera los jueces se verán obligados a tramitar las causas más rápido para que no prescriban y así asegurar al imputado que el juicio durará un plazo razonable.

Para uno de los autores de la iniciativa, el diputado justicialista Guillermo Jonson el objetivo de la ley era «ponerle un límite temporal al juez» en la tramitación de las causas penales y «unificar a nivel nacional» las causales de prescripción, que antes estaban sujetas a lo que se denomina «secuela del juicio», concepto que calificó como «muy híbrido» y que daba «lugar a múltiples interpretaciones», según le dijo al diario La Nación.

No todos piensan de la misma manera, en particular desde el fuero federal donde criticaron con dureza el proyecto. «La gravedad institucional de esta ley es tremenda. Todavía no tenemos una magnitud de la cantidad de causas que van a prescribir, pero es muy alto el número de causas significativas y no significativas que están en esta situación», dijo a La Nación el camarista federal Gabriel Cavalo.

Responsabilidad de jueces designados por Menem

Para el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, «la ley va a introducir un factor de perdón en causas donde hay interés del Estado en perseguir el delito. Van a prescribir numerosas causas de delitos contra la administración pública». Y así hablaron otros ocho magistrados y cinco fiscales consultados.

Según los funcionarios judiciales entre los sumarios que podrían quedar prescritos se encuentran los del presunto ocultamiento por parte de Carlos Menem de una cuenta en Suiza, el escándalo por el presunto pago de sobornos en los contratos IBM-Banco Nación e IBM-Anses y las posibles anomalías en la obtención de créditos millonarios por el Grupo Yoma, del ex cuñado de Menem.

Otros más como la investigación por delitos de corrupción contra el ex interventor en el PAMI (la obra social de los jubilados), Víctor Alderete y la mega causa en la que se investigan los presuntos sobornos en el Senado nacional durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Sin embargo, el subsecretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, defendió la iniciativa y opinó que «como beneficio de la reforma se puede destacar que la misma de algún modo dio fin a la incertidumbre respecto de qué actos interrumpen la prescripción y constituyen secuela de juicio. En cambio, como demérito puede destacarse que producirá un congestionamiento en los tribunales sobre todo durante la sustanciación de los procesos en la etapa de instrucción».

Otra campana: el camarista Eduardo Freiler sostuvo que corren el riesgo de quedar prescriptas «mucho más de la mitad del total en el fuero federal». A esto responde la senadora Diana Conti, con larga trayectoria en la lucha contra la corrupción.

Sostiene que la ley busca evitar la indefinición que suponía la «secuela de juicio» y dijo que no se reparó en las causas vinculadas con escándalos de corrupción que estarían prescriptas: «Nunca se planteó esta hipótesis por eso no creo que el Congreso haya tenido en cuenta ese criterio malicioso», señaló a La Nación.

Y agregó: «Si esto lo dijeron jueces federales, que los jueces federales se hagan cargo de lo que no hicieron. No es casual que los jueces nombrados por Menem no hayan elevado a juicio las causas contra Menem».

Un debate quedó abierto porque además la sospecha es que por la nueva norma quedaría prescrita una causa que involucra al Presidente por haber enviado más de 500 millones de dólares provenientes de regalías petroleras a bancos del exterior y por cuyo esclarecimiento hay causas abiertas. *