Oficiales de inteligencia denunciaron brutalidades

Dos oficiales civiles de la inteligencia del Pentágono denunciaron brutalidades sobre insurgentes iraquíes capturados por Estados Unidos en Bagdad el pasado junio, semanas después de estallar el escándalo de las torturas a prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib.

La denuncia está incluida en una carta del 25 de junio firmada por el director de la DIA, la agencia de inteligencia del Pentágono, almirante Lowell Jacoby, y dirigida al subsecretario de Defensa para la inteligencia, Stephen Cambone.

Jacoby escribe que uno de sus funcionarios asistió mientras un encargado de interrogatorios de una unidad especial conocida como Task Force 6-26 «la emprendía a puñetazos contra un prisionero en la cara, al punto de requerir la intervención de un médico».

El almirante agregó que el oficial de la DIA tomó imágenes de lo ocurrido, pero las fotos le fueron confiscadas.

El mismo oficial, junto con otro civil de su unidad, vio llegar al cuartel general de la Task Force a prisioneros capturados en el campo que tenían «signos de quemaduras en la espalda y otras huellas de violencia».

Ambos oficiales fueron «amenazados», escribió Lowell: les confiscaron las llaves del auto, fueron informados de que sus correos electrónicos serían controlados y recibieron la orden de «no dejar la base sin permiso específico, ni siquiera para ir a cortarse el cabello».

Sin embargo, ambos perseveraron y consiguieron hablar pese a las coerciones sufridas. Su denuncia llegó el 24 de junio a la mesa de Jacoby, que al día siguiente escribió a Cambone.

Muchos de los miembros de la Task Force 6-26 son soldados de dos unidades para misiones especiales del Ejército, cuya existencia no es oficialmente reconocida por el Pentágono.

Algunos de sus miembros, todos Seals de la Marina, fueron puestos bajo investigación por la muerte de dos prisioneros que estaban bajo su custodia.

El mensaje de Lowell fue dado a conocer por la American Civil Liberties Union (ACLU), que lo obtuvo en el ámbito de una acción legal civil sobre la base del Freedom of Information Act para descubrir el alcance de los abusos de parte de las fuerzas armadas.

Otros memorándum obtenidos por la ACLU sacaron a la luz en los últimos días la oposición del FBI a los métodos duros usados por el Pentágono para hacer hablar a los prisioneros en la prisión para terroristas capturados en Afganistán situada en Guantánamo (Cuba).

Según la policía federal norteamericana, las técnicas coercitivas utilizadas en los interrogatorios no eran necesarias, además de producir informaciones no confiables.

Un vocero del Pentágono, en respuesta a la difusión de la carta de Jacoby, reiteró que «la política de Estados Unidos condena y prohíbe la tortura. El personal debe seguir esta política y la ley que la aplica».

El vocero no precisó si Cambone tomó medidas disciplinarias después de la denuncia, pero agregó: «No toleramos maltratos a detenidos. Investigamos toda acusación creíble y tomamos las medidas adecuadas si las acusaciones son probadas.

Este mismo proceso se aplica en este caso».

Denuncias de atrocidades de parte de las fuerzas estadounidenses en Irak se produjeron también durante el proceso de pedido de asilo en Canadá de parte de un soldado norteamericano desertor.

Jimmy Massey, un ex marine, dijo en Toronto durante la audiencia para el asilo de Jeremy Hitzman, un soldado de Estados Unidos que huyó a Canadá desde la base de Fort Bragg tras recibir la orden de movilización a Irak, que el soldado huyó para no estar obligado a cometer crímenes de guerra una vez en el frente.

El ex marine dijo que su unidad mató al menos a 30 civiles desarmados en 2003, y que los marines matan de rutina a los iraquíes heridos.

Massey, que dejó Irak en 2003 tras un diagnóstico de estrés postraumático, afirmó que él y sus compañeros mataron a mujeres y niños en puestos de bloqueo, y a un hombre que con las manos alzadas intentaba rendirse. *