Corte Suprema avaló pesificación

De hecho, lo que quedó convalidada es la devaluación dispuesta en enero del 2002 en medio de una fenomenal crisis económico, política y social, con lo que se dio final al sistema de convertibilidad con que Carlos Menem y Domingo Cavallo basaron su modelo de acumulación y distribución, que ha sido visto como una de las razones de la catástrofe que expulsó a Fernando de la Rúa del gobierno en diciembre del 2001. Este fallo de la nueva Corte Suprema, después de la debacle de la denominada «mayoría automática menemista», ya había dado su primer gesto a favor de la pesificación en julio, cuando en el llamado caso Cabrera rechazó el reclamo de una persona que pesificó sus dólares a 1,40 pesos, como se cotizó la divisa cuando se devaluó el peso, y luego fue igual a la Justicia para recuperar la diferencia.

Había un temor en sectores del oficialismo sobre cuál sería el voto de Antonio Boggiano o más bien si se pronunciaría en la víspera dado que se le ha pedido, no por el Gobierno sino por algunos legisladores peronistas, el trámite de juicio político.

Pero el juez que se dice que es del Opus Dei votó por la pesificación junto a Juan Carlos Maqueda, Augusto Belluscio, Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni, Sólo el juez Carlos Fayt votó en contra y el titular del cuerpo Enrique Petracchi, se abstuvo por tener depósitos bancarios que entran en el controversia.

Así se convalidó la constitucionalidad de la conversión de los depósitos en dólares a 1,40 pesos más un índice de actualización conocido como CER.

Ahorristas damnificados protestaron en Tribunales e incluso ingresaron al interior del edificio. Prendieron fuego a algunos papeles y cuando intentaban forzar el acceso a una puerta, irrumpió la Guardia de Infantería. Allí se produjeron algunas corridas e incluso los uniformados arrojaron gas pimienta sobre los manifestantes.

Los manifestantes rompieron un vidrio de una puerta en el cuarto piso (donde están las oficinas de los supremos) y arrojaron cestos de basura, e incluso golpearon a los policías con las cacerolas que hacían sonar.

Una mujer resultó herida luego de estos hechos. Según la Policía, por las astillas del vidrio roto. Pero los ahorristas aseguran que quedó herida como consecuencia de la represión.

El caso analizado fue un pedido de amparo presentado por varios afectados contra el Estado Nacional, el Banco Central, y los bancos de Entre Ríos SA y BBVA Banco Francés SA, por depósitos que llegan a un valor de 1,3 millón de dólares.

El viernes pasado, en su análisis del caso, el procurador Esteban Righi dictaminó en favor de la revocación del fallo de la Cámara Federal de Paraná, que había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Emergencia Económica y los decretos que reglamentaron la pesificación.

Si la decisión sobre el tema de fondo se demoró meses fue porque el Tribunal aún se estaba componiendo (en algún momento se pensó en esperar a Carmen Argibay, ya designada pero terminando su función en la Corte Internacional de La Haya) y por lo delicado del tema.

Nueva corte, nueva visión

Esa nueva composición impulsada por el oficialismo fue clave para que la Corte diera una voltereta de 180 grados en un año y medio. En marzo de 2003, en el fallo del caso de la provincia de San Luis, cinco jueces de la Corte habían votado en contra de la pesificación. De ellos, sólo Fayt estuvo en el acuerdo de ayer para ratificar su postura. Los otros cuatro (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez) ya no están en el Tribunal.

Nazareno, López y Vázquez renunciaron mientras enfrentaban sendos juicios políticos por mal desempeño. Moliné O’Connor soportó la embestida hasta el final y fue destituido. La Corte cambió de cara en ese proceso que duró meses. Y también su visión sobre la crisis de fines de 2001.

La mudanza de nombres y opiniones fue gradual y se consolidó con numerosos fallos particulares que derivaron en el de la víspera, ya sobre la cuestión de fondo.

Si la pesificación despeja incertidumbres para renegociar la deuda y los negocios en general, más allá que los damnificados, en general, sean ahorristas más bien modestos, el gobierno de Néstor Kirchner da otras señales para aclarar el horizonte.

Por caso, hizo saber al Parlamento que demore la aprobación del marco regulatorio para las empresas de servicios públicos privatizadas. Las empresas, básicamente de capitales españoles y franceses, hicieron saber de su disgusto por el espíritu de la norma que lo tildan de «intervencionista» e igual griterío se oyó en el FMI y en el G7.

Por ahora la idea es desensillar hasta que aclare. *