Argentina: absuelven a seis militantes sindicales

El proceso había provocado manifestaciones en esa provincia, la Capital Federal y otros lugares promovida por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), a la que pertenecen los ahora ex acusados, porque el juicio se inscribía en una tendencia de creciente criminalización de las protestas, al menos es lo que sostienen los sindicalistas.

La cosa es que Repsol no ratificó la demanda, tampoco la ex funcionaria del Ministerio de Educación provincial y entonces y no sólo por esas actitudes el fiscal Mendaña retiró las acusaciones por considerar que las pruebas reunidas durante el juicio no alcanzaron para demostrar los delitos por los que fueron juzgados.

Los desprocesados adelantaron que evaluarán la posibilidad de iniciar un juicio por daños y perjuicios contra Graciela Carrión de Chrestia, la funcionaria querellante en la causa.

Al no existir acusación del fiscal, no puede haber condena según la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. Mendaña afirmó en su alegato que las imágenes televisivas, la principal prueba con la que contaba para imputar a los dirigentes, «no permitieron ver ellos produjeron daños» en alguno de los escenarios donde se cometieron los destrozos. Los testigos de la policía tampoco pudieron concretar acusaciones.

A los seis imputados, se los acusó por los daños producidos en la sede de Repsol YPF y en la casa de Chrestia, el 9 de junio de 2000 durante una masiva manifestación en la que participaron. Todo se debió a la furia que generó la muerte de una docente por un accidente donde no se adoptaron providencias para evitar fatalidades.

En tanto otra es la suerte del dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells. Está detenido en una alcaldía de Resistencia, acusado de extorsionar a un Casino de juego para que dieran plata para alimentar a desocupados.

 

Otros casos importantes

Su situación judicial es complicada: la fiscal chaqueña Mercedes Riera rechazó un recurso de revocatoria presentado por la defensa del piquetero. De esta manera, Castells continuará detenido pese a los argumentos esgrimidos por sus abogados, que compararon la situación de su defendido con la de otros seis piqueteros imputados en la misma causa quienes afrontan el proceso judicial en libertad.

Castells, a diferencia de los otros acusados, tiene antecedentes penales y fue declarado en rebeldía, hasta el punto que fue necesario usar la fuerza pública para que compareciera. En tanto se agravó la situación en un campo petrolero de la provincia de Santa Cruz donde un grupo de piqueteros tomó nuevamente la playa de tanques de la empresa Terminales Marítimas Patagónicas (Termap) en Caleta Olivia y cortó las líneas de acceso en reclamo de puestos de trabajo en ese sector.

Voceros de la protesta dijeron que los manifestantes reclaman ingresar a la actividad petrolera, y que el padrón de desocupados que tienen confeccionado es de aproximadamente 130 personas.

Todo comenzó el 27 de julio cuando un grupo de 70 desocupados toma la planta de Termap en reclamo de puestos de trabajo y 700 pesos por mes. A ellos se sumaron el 5 de agosto piqueteros del Polo Obrero y del MIJD. El 7 de agosto los desocupados levantan la protesta tras aceptar la oferta de las empresas petroleras que incluye subsidios mensuales de 700 pesos, capacitación laboral y la promesa de ser incorporados progresivamente.

El 27 de agosto cerca de 200 manifestantes vuelven a ocupar la planta tras haber rodeado la municipalidad local durante siete días. Tres días más tarde desalojan Termap tras un nuevo acuerdo. El gobierno provincial se compromete a emplearlos en un plan de obra pública. Pero el 3 de septiembre la justicia santacruceña detiene a nueve piqueteros por haber participado de la ocupación de la planta petrolera y sitiado la intendencia local y poco después se les dicta la prisión preventiva a seis de los detenidos, mientras que los tres restantes obtienen la libertad provisoria.

Desde el jueves desocupados vuelven a bloquear los accesos a Termap en reclamo de los puestos de trabajo no entregados por el municipio. Mientras en la Capital, por primera vez bajo el actual gobierno, la policía impidió que un sector piquetero, ocupara el Puente Pueyrredón. Así fue por que lo impulso el sector conocido como «Quebracho» que tiene a varios de sus militantes bajo proceso acusados de actos de violencia. *