Argentina: un grito de justicia
Se trata del asesinato en la base naval «Almirante Zar» de 16 de los 19 presos políticos que habían fugado seis días antes del penal, entonces invulnerable, de Rawson, una ciudad relativamente vecina a Trelew y que por distintas circunstancias, no alcanzaron a huir en avión a Chile.
Lo que se cuenta en el documental de la antropóloga Mariana Arruti, es uno de los hechos más espectaculares que en pleno gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse, algo más de un centenar de altos dirigentes guerrilleros decidió fugar de la cárcel de máxima seguridad de Rawson, donde estaban confinados.
Notablemente planificado y ejecutado, por causa de una falla humana el operativo funcionó sólo a medias. Un grupo pequeño, pero donde estaban los máximos dirigentes guerrilleros de esos años como Roberto Santucho del Ejército Revolucionario del Pueblo, o Vaca Narvaja de los Montoneros logró fugar en avión, buscando refugio en Chile y más tarde en Cuba.
Sin embargo, 19 fugados quedaron desprotegidos y debieron rendirse ante los militares en la vieja aeroestación de Trelew, que los trasladaron a la cercana base aeronaval Almirante Zar, próxima a Trelew: el 22 de agosto de 1972, los fusilaron. Entre los masacrados se encontraba Ana María Villarreal de Santucho (que tenía un embarazo avanzado), además de altos dirigentes de FAR, ERP y Montoneros, como Domingo Menna, Antonio Pujadas, María Angélica Sabelli y María Rosa Berger. Sólo tres sobrevivieron a las heridas pero después del golpe de 1976, están «desaparecidos» .
La masacre fue ordenada por la Junta Militar acaso para vengar la afrenta de la fuga y ejecutada por un comando naval, precursor de los Grupos de Tareas de la ESMA, a cargo del capitán de corbeta, Luis Emilio Sosa, el mismo que cuando tomó a los prisioneros en el aeropuerto de Trelew, se comprometió ante un juez y la prensa, que sus vidas serían respetadas.
Abrir los archivos secretos
La Armada ha negado toda responsabilidad hasta el día de hoy y el documental de Molinier replantea a su jefe actual, el almirante Jorge Godoy que blanquee uno de los casos más ignominiosos de la historia argentina de los últimos 32 años y que fue una suerte de laboratorio monstruoso de los crímenes cometidos más tarde por la última dictadura militar.
El almirante Godoy tuvo el coraje de acabar con el tabú ESMA e hizo en mayo una autocrítica que permitirá a los marinos sacarse de encima el oprobio. Pero su faena quedará incompleta si no abre los archivos sobre quienes ordenaron esa masacre que tuvo como coprotagonista al entonces almirante Pedro Gnavi.
Un interrogante: ¿por qué la Marina ha protegido hasta ahora al capitán Sosa? Hay una historia que afirma que su identidad se modificó, que vivió en Sudáfrica bajo la protección del régimen de apartheid, mantenido con plata de los argentinos y la complicidad de varios servicios secretos. ¿La CIA también?
Vale además lo dicho al almirante Godoy, al ministro de Defensa José Pampuro, al Parlamento, al Poder Judicial y al presidente Néstor Kirchner, sin duda.
En el documental Eduardo Duhalde y Rodolfo Mattarollo, los dos más altos funcionarios actuales de la Secretaría de Derechos Humanos, hacen de guías del relato. Es que ambos eran abogados de los guerrilleros en esos años que empollaba el huevo de la serpiente.
De alguna manera, el documental funciona como una suerte de gigantesca prueba acusatoria aportada por testigos presenciales y víctimas de los hechos. Con final trágico.
No solo nada se sabe del capitán Sosa, sino tampoco del teniente de navío Bravo, del teniente del Real, y el cabo Mirandino que junto al capitán Herrera ejecutaron a los detenidos. Existen textos de lo ocurrido contados por los sobrevivientes que, ahora que la Suprema Corte de Justicia, declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, pueden ser, junto al documental, la apertura de una causa judicial. Es lo que anhelamos desde este diario con historia y autoridad para reclamarlo. *
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