Paro y movilización piquetera

Cisneros era dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) que lidera el legislador bonaerense Luis D’Elía, un fuerte aliado del presidente Néstor Kirchner desde el piqueterismo. La FTV con 125 mil miembros, es la más numerosa de las organizaciones de los desocupados organizados.

D’Elía reiteró en conferencia de prensa en la que se hicieron estos anuncios que el crimen, perpetrado por un confidente de la seccional policial de La Boca, tiene características políticas y que si bien no puede probar que sea obra de sectores vinculados al caudillo peronista Eduardo Duhalde que mantiene un entrevero duro con Kirchner, no tiene dudas de que la intención es frenar el proceso de cambios que a su juicio encabeza el actual Presidente.

La máxima referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que también mantiene un diálogo cordial con Kirchner, adhirió a la convocatoria del viernes que en principio confluirán el resto de las organizaciones piqueteras que mantienen con D’Elía y otras agrupaciones aliadas a él, profundas diferencias sobre el rumbo del gobierno.

Bonafini apoyó la actitud de los vecinos de haber ocupado la seccional policial de La Boca una vez perpetrado el crimen para evitar que, señaló, se protegiera al criminal.

Pero la ocupación de la sede policial le ha generado a D’Elía un disgusto al menos con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, e incluso podría ser procesado. Sobre ese paso, y no del crimen de Cisneros, es donde los sectores conservadores quieren demostrar que un aliado del Gobierno también apela a la violencia en búsqueda de sus objetivos.

D’Elía fustigó a algunos medios que se han «preocupado más por unos vidrios rotos (los de la comisaría) que por un dirigente social asesinado», que es además el discurso de la derecha y tomado en gran parte por dirigentes de partidos opositores.

Hay una enorme disputa por quien le pega más a Kirchner desde la oposición política donde se encuentran tanto Elisa Carrió, como los radicales o el centro derechista Ricardo López Murphy y, en forma más velada, algunos fragmentos del peronismo, el bonaerense particularmente.

Además, hay una tendencia en varios analistas, como el conservador Mariano Grondona, de tratar de homologar los hechos de estos días (donde se computan la ocupación de locales comerciales o públicos por parte del dirigente Raúl Castells) con los violentos hechos de los años ’70 que enfrentaron a la derecha con la izquierda peronista y desbrozó el camino del golpe de Estado terrorista de 1976.

Justamente el 1º de julio se cumplen 30 años del fallecimiento de Juan Perón, tres veces presidente de los argentinos, desaparición que agudizó las contradicciones dentro del peronismo con las consecuencias históricas conocidas.

No todos los observadores coinciden en relacionar el crimen de Cisneros con la lucha interna dentro del peronismo. Pero de todas maneras se revela una vez más que cuando dentro del justicialismo se pelean, los que reciben también sus consecuencias son las instituciones y el conjunto de la sociedad.

El jefe de Gabinete reiteró que la política oficial no es criminalizar las demandas sociales, y que el accionar de los jueces ante hechos de violencia no será perturbado por las autoridades. Con todo, la acusación más frecuente en el discurso opositor es resaltar la supuesta «pasividad del gobierno frente a la violencia».

Pero el contexto de conflictividad seguirá como lo revelan los datos oficiales sobre la distribución del ingreso: actualmente es el peor nivel en 30 años, porque cada vez es mayor la brecha entre los que más ganan y los más pobres y no se revierte pese al repunte de la economía. *